Una contundente señal legislativa en favor de la protección efectiva de las mujeres, niños y familias se consolidó en el Congreso Nacional. La Sala del Senado aprobó de forma transversal el proyecto de ley impulsado por la diputada magallánica Javiera Morales, el cual establece la prohibición absoluta de tenencia y porte de armas de fuego para cualquier persona que sea denunciada, imputada o condenada por violencia intrafamiliar (VIF).
Con este crucial respaldo de la Cámara Alta, la iniciativa superó con éxito su segundo trámite constitucional, quedando a tan solo un paso legislativo de ser despachada como nueva Ley de la República. El proyecto tiene como eje medular la prevención temprana, buscando desarmar a los agresores de forma cautelar para reducir drásticamente el riesgo de lesiones graves, agresiones con armas y femicidios.
Tras la votación en Valparaíso, la autora de la iniciativa, diputada Javiera Morales, valoró el masivo respaldo político y puso sobre la mesa las complejas cifras de contingencia delictual que justifican la urgencia de dotar a las policías de esta herramienta de incautación:
“Lamentablemente, en la Región de Magallanes ya registramos 67 personas aprehendidas en flagrancia (detenidas en el acto) por violencia intrafamiliar solo durante el primer trimestre. Esto representa un preocupante aumento del 14,9% en comparación al mismo período del año anterior; una realidad territorial que no podemos seguir tolerando bajo ninguna circunstancia”, argumentó la parlamentaria austral.
Morales fue enfática en señalar que la presencia de un armamento en un hogar donde existen dinámicas de abuso escala las probabilidades de una tragedia. "Cuando existe una denuncia por VIF, el Estado tiene que actuar de manera oportuna para proteger a las víctimas. Sabemos con datos científicos que el acceso a armas de fuego aumenta significativamente el riesgo de desenlaces fatales, por eso este proyecto busca poner la vida de las mujeres en el centro", complementó.
Tras las modificaciones menores introducidas por la comisión revisora del Senado para robustecer los protocolos de entrega de las armas a las policías o las direcciones de movilización, el texto legal deberá cumplir con su tercer trámite constitucional.
La propuesta regresará formalmente a la Cámara de Diputadas y Diputados en las próximas sesiones de este mes de junio de 2026. En dicha instancia, las y los parlamentarios deberán pronunciarse exclusivamente sobre las enmiendas del Senado. De ser ratificadas y visadas por la Cámara Baja, la iniciativa será despachada de forma automática al Ejecutivo para su posterior promulgación en el Diario Oficial.