
Pero ese sería sólo una parte del problema, puesto que la Cormupa no tendría el contrato de trabajo original de Cabezas, lo que la pone en una difícil situación para organizar su defensa. Dicho documento lo habría entregado al otrora funcionario, el ex secretario general Óscar Vargas poco tiempo antes de dejar su cargo, el cual establece su sueldo en $1.780.000.
Ante la desaparición del escrito, la Cormupa iniciaría una investigación interna encargada a la Unidad de Control por destrucción o sustracción de documentos.
Los aspectos más relevantes del supuesto incumplimiento del contrato es que éste tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. A su vez, no se habría considerado en su finiquito el pago del bono anual pactado con el empleador, consistente en dos sueldos anuales. Cabezas no habría cobrado esta asignación, pero el contrato señalaría que podía no hacer efectivo el pago durante tres años consecutivos o cuatro no consecutivos, él no lo hizo en dos años. Tampoco se consideró la proporción por lo trabajado en 2010.
Asimismo, estarían mal calculadas las vacaciones atrasadas y proporcionales de Cabezas, puesto que habría acordado 30 días anuales de vacaciones y la Cormupa sólo habría considerado 25 días.