A la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acudió la doctora Patricia Riquelme Sánchez, en representación de su esposo, el doctor de nacionalidad venezolana Gaspar Adolfo Faría Ortega, por considerar que la directora del hospital regional, María Cristina Díaz, vulneró derechos constitucionales. Por esto presentó un recurso de protección, patrocinado por el abogado Carlos Contreras Quintana, donde señala que el pasado 20 la doctora Díaz le informó a su marido que su contrato con el Servicio de Salud cesaba, debido a malas calificaciones o evaluación por una “Falta de Conocimiento Teórico Práctico”.
En un extenso escrito, dirigido también en contra del doctor Jorge Flies, en su calidad de director del Servicio de Salud, los facultativos le piden a la Corte que pueda restablecer el imperio del Derecho “y la valoración de la honra de mi cónyuge, por parte de terceros”.
Piden como medida la inmediata cesación, por parte del director del Servicio de Salud Magallanes y sus dependientes, incluida la directora del Hospital Regional Lautaro Navarro, “de juicios de valor denostativos como los utilizados y señalados en el cuerpo de esta presentación en contra de mi marido Gaspar Adolfo Faría Ortega por medios oficiales o no oficiales”. La esposa quiere que se remita al Servicio de Salud de Arica (donde está postulando su marido) “una comunicación formal que señale que el doctor Gaspar Faría Ortega no ha sido objeto de sumarios administrativos, investigaciones sumarias fundadas en mala o deficiente praxis médica; que no ha sido objeto de calificación que determine que carece de destrezas teórico prácticas, ni de ninguna otra que permita afirmar dudas acerca de su calidad profesional”.