El actual gobierno de derecha aprueba un salario mínimo de $172.000 y un reajuste al sector público de 4.2%, ambas cifras consideradas insuficientes e indignas, más aún en el caso de Magallanes , donde por años hemos planteado la necesidad de contar con un sueldo diferenciado; ya que los instrumentos de excepción sólo favorecen a los empresarios y no se reflejan en las remuneraciones de los trabajadores del sector privado.
Este año finaliza con claras muestras de que al gobierno de derecha no le interesan los trabajadores.
Los despidos en ENAP, sumados a la utilización turbia de cláusulas de confidencialidad para favorecer a privados que lucran con la tercerización, hacen que los únicos perjudicados sean los trabajadores, los que deberán pagar la reacción en cadena que se producirá con el alza de este vital elemento para Magallanes.
La intendenta de Magallanes con su acostumbrada sensibilidad social manifestó a la prensa local: “el valor de distribución de gas natural para el próximo año tendría que ajustarse a las variaciones de mercado, lo que terminaría por subir el precio.”
Esta es la nueva forma de gobernar y como siempre ocurre, son los trabajadores quienes pagan el costo del enriquecimiento de unos pocos.