
De esta forma, los conglomerados de la Coalición por el Cambio, junto con repudiar categóricamente el alza del gas, afirmaron que la negociación entre la ENAP y Gasco fue poco transparente, lo que daría una muy mala señal de lo que pueda ocurrir en 2012 con el valor de una de las fuentes esenciales de energía para la región. Consideraron, por ello, que la medida es “desmesurada”, y que el Presidente Sebastián Piñera debiera mostrar sensibilidad frente al tema, para revertir la situación que afectará de sobre manera a la comunidad de esta zona extremo austral.
“Haremos todas las gestiones necesarias con las autoridades centrales para que esto se revierta. Estamos ciertos que el Presidente Piñera va a demostrar sensibilidad con esta situación que nos afecta, especialmente porque Magallanes le dio un gran apoyo en las elecciones presidenciales”, sostuvieron sus directivas, recordando que el actual Mandatario obtuvo una de las más altas votaciones en esta región, donde resultó electo con un 54% de las preferencias.
Plantearon , asimismo, que el beneficio que pueda conseguir el Estado con este reajuste no puede ser a costa de la calidad de vida de los habitantes de Magallanes, en el entendido que, como sucede con otros proyectos como el Transantiago, se ha debido incurrir en millonarias inversiones con el fin de subsidiarlo y mantenerlo en funcionamiento.
Y como ha sido la tónica de los últimos días, los partidos aliancistas lanzaron un fuerte cuestionamiento también al actuar y desempeño que han tenido las autoridades de gobierno en esta materia, sobre todo el del ministro de Energía, Ricardo Raineri y el seremi del ramo, René Ampuero, quienes, a su juicio, no han estado a la altura esperada, porque “este no es sólo un problema técnico, sino que principalmente social y geopolítico, que requiere de una solución política; lamentamos que el secretario de Estado no la haya entendido”, coincidieron Ivelic y Balich. En torno a la actitud del Gobierno Regional, en tanto, señalaron que ésta ha sido pasiva frente a la opinión pública y que no ha tenido la capacidad de demostrar que efectivamente se hicieron todos los esfuerzos necesarios para revertir la intención que existía. “Esta no es una negociación entre dos empresas; era una empresa y el Estado, donde tuvieron que haberse hecho escuchar las autoridades locales”, criticaron.