El pasado 28 de diciembre el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo recibió por parte de la Contraloría Regional el informe final respecto de la adquisición de los buses amarillos, en el que se confirma que los vehículos fueron comprados y no un donativo como afirmaba el edil. Este documento reafirma lo que concluyó el organismo fiscalizador en la Región de Los Lagos, es decir, que la transacción “consistió en una operación de compra que se realizó con la empresa estadounidense comercializadora de estos vehículos, Don Brown Bus Sales, Inc., y no de una donación, como se hizo parecer”, se consigna.
Una de las obligaciones del alcalde era leer públicamente el informe en la sesión de Concejo Municipal más próxima desde la entrega del escrito, algo que no ha ocurrido desde la fecha anteriormente señalada.
A pesar de este incumplimiento, la Contraloría ya notificó a diversos funcionarios municipales respecto del sumario que se les aplicará, pues el informe señala que se deberá efectuar este tipo de investigación administrativa debido a las faltas que se cometieron para conseguir los buses, donde se incluye no haber llamado a licitación para contratar el flete de los vehículos, haber liberado el pago del mismo sin el pronunciamiento de la Dirección de Control, ausencia de protocolo para firmar contratos y concretar los pagos, entre otros.
El concejal José Saldivia, uno de los representantes comunales que hizo la denuncia en la Contraloría Regional por el conjunto de irregularidades que detectó desde que el alcalde Mimica anunció la adquisición de los buses amarillos, criticó que “haya pasado un mes y todavía la autoridad comunal no se pronuncia sobre un tema grave. Con toda mi experiencia como miembro de un Concejo Municipal, creo que este ha sido el sumario más importante y delicado que he conocido”, afirmó.
Lo que llama la atención es que una vez que la Contraloría Regional concluya los sumarios y proponga las sanciones, deberá ser el propio edil quien las aplique de la forma que se señale o, simplemente, las disminuya o no la acoja.
“No se entiende que el alcalde deba aplicar las sanciones a los empleados, si ellos actuaron bajo su orden. A ellos no se les ocurrió traer los buses ni contratar el flete”, enfatizó Saldivia. Esto fue compartido por su par, Roberto Sahr, quien afirmó que los funcionarios “actuaron bajo la orden del jefe comunal por temor y porque es su superior”.
A juicio de Saldivia, se debería hacer lectura y analizar con los directores de servicios lo que se señala en el informe del organismo fiscalizador, “porque incluso se anuncia un juicio de cuentas. Todo esto no es un tema menor y no se debería estar chuteando”, añadió el representante comunal. Este proceso tendría por objeto restituir los US$ 110.000 pagados de más a la empresa naviera Nippon Yusen Kaisha, que trajo los buses a Chile, pues así lo confirmó la Contraloría.
Se espera que durante las próximas semanas la entidad finalice los sumarios y proponga sanciones al respecto. A su vez, se confirmará qué decisión tomará Mimica; si las aplica o hace vista gorda con un proceso que él promovió y que tendrán que asumir mayormente los trabajadores.
En tanto, el edil habría pedido días administrativos para hacerlos válidos durante las primeras semanas de enero, justo cuando se dio a conocer este informe de la Contraloría Regional. Sin embargo, debido al paro en rechazo al alza del gas, emitió otro decreto en que anulaba su solicitud.