Una estrategia que ha dejado varias dudas en los concejales más críticos del proceso efectuado para traer a la comuna los buses amarillos, resultó la demanda que presentó el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo en contra de la Municipalidad de Puerto Montt para que detalle los ítems en que se gastaron los US$ 155.050 o haga devolución de los mismos, a requerimiento de la Contraloría.
Mimica le atribuye a su par, Rabindranath Quinteros, la responsabilidad de explicar el uso final de los recursos entregados a la empresa Don Brown Sales Inc., puesto que ellos eran los responsables de gestionar la llegada de los vehículos, según lo manifiesta el convenio firmado entre ambas autoridades.
Sin embargo, Quinteros afirmó el martes pasado que es “absurdo” que se presente una demanda en contra del municipio, porque “son procesos” diferentes los que se llevaron a cabo en Puerto Montt, y en Punta Arenas, debido a su Zona Franca.
A esto, se suma que el convenio que se valida a nivel local para la defensa, en su punto número seis indica que “Las municipalidades suscribientes liberan a la Municipalidad de Puerto Montt de toda responsabilidad o perjuicio, de cualquier naturaleza que provenga del pronunciamiento que la ley exige, tanto de la Dirección Regional de Aduanas como de la Contraloría Regional respectivas, ya que estos organismos son autónomos y sus decisiones totalmente soberanas dentro del ámbito de su competencia”.
Pero el camino judicial que inició el alcalde Mimica espera que diga lo contrario, puesto que según afirmó, meses antes le había solicitado de manera formal a la municipalidad de Puerto Montt el detalle de la factura, pero nunca se la hicieron llegar.
El problema es que Quinteros, a su vez, ha declarado que él le ha solicitado el mismo detalle del pago de los US$ 155.050 a la empresa estadounidense, pero no lo entregan.
La duda que le surgió al concejal José Saldivia es por qué Quinteros debería devolver el dinero si la municipalidad que administra nunca recibió la cancelación, ya que el pago autorizado por Mimica se hizo directamente a Don Brown.
Además de este cuestionamiento, fue la propia Contraloría General la que consignó que es responsabilidad de la Municipalidad de Punta Arenas, en su calidad de organismo ejecutor velar porque el gasto se ajustara a la normativa vigente.
En tanto, el concejal Roberto Sahr ha sido uno de los más directos y ha afirmado que seguramente esa diferencia de $ 50 millones, que no se ha podido justificar, son del pago de los buses amarillos, respaldándose en el pronunciamiento de la Contraloría de la Región de Los Lagos, la que aseguró que la llegada de los vehículos se debe a una “operación de compra”.
Lo cierto es que la decisión del alcalde Mimica de iniciar la acción legal en contra del municipio de Puerto Montt le ha generado buenos frutos inmediatos, puesto que los funcionarios notificados del juicio de cuenta en su contra, y el organismo que los reúne, bajaron la presión en su contra, incluso comparten la hipótesis de que la comuna liderada por Quinteros, es la responsable de pagar o responder por las observaciones emanadas por la Contraloría.