El senador Pedro Muñoz (PS) expresó su respaldo a la movilización que llevan adelante los funcionarios municipales de Punta Arenas con el objeto de conseguir el pago del denominado incremento previsional, beneficio establecido en el DL 3501 y que por distintas vías ha venido siendo reconocido en algunas comunas del país.

Recordó que se trata de otra de las consecuencias del traspaso al nuevo sistema previsional, originadas en la década de los ’80 y que, desde esa fecha no ha logrado ser asumida por todos los municipios del país. “Sin embargo – explicó Muñoz – existen precedentes en que esto se ha conseguido y por esto el personal de la Municipalidad de Punta Arenas ha iniciado movilizaciones con el objeto de poder tener también una solución.”

El parlamentario informó que en varias ocasiones ha sostenido reuniones con dirigentes locales y nacionales de los funcionarios con el objeto de interiorizarse de este problema y, más aún, este viernes ha vuelto a dialogar sobre el estado actual la situación y las conversaciones con el municipio, que se encuentran estancadas tras la decisión del alcalde Vladimiro Mimica y los Concejales de no aprobar una transacción judicial, manteniendo el asunto en manos de los tribunales de justicia.

Para Muñoz se trata de un tema complejo, especialmente por la disparidad de criterios judiciales y administrativos existentes, pero, a su juicio, la circunstancia de que la Contraloría General de la República hubiera expresado en algunos dictámenes que no cabía realizar reparos de legalidad respecto del pago de este incremento que se funde en transacciones judiciales, pues constituiría un desacato, abría una vía que, lamentablemente, no ha prosperado.

El senador regional culminó expresando su convicción en la necesidad de seguir buscando vías alternativas que eviten tener que esperar la larga tramitación que significa un juicio. “Espero que ambas partes sigan buscando fórmulas de acuerdo que permitan terminar el conflicto satisfactoriamente” – manifestó – expresando, además, la necesidad que el Gobierno, a través de la SUBDERE, se comprometa en avanzar en una solución global, pues se trata de una materia que se reproduce en todo el país.