Conseguir los $ 60 millones de la primera cuota para cancelar la defensa externa que representará a la Municipalidad de Punta Arenas en los casos judiciales concernientes al contrato de retiro de la basura domiciliaria, obligó al municipio a recortar presupuestos de diversas direcciones y unidades para reunir el monto. Uno de los perjudicados fue la Dirección de Tránsito, la que debió otorgar $ 40 millones destinados al proyecto “Instalación de señales nombres de calles e indicadores de sentidos de tránsito”, pues se consideró que a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) se iba a poder llevar a cabo una labor similar de “Instalación señales nombres de calles de distintos sectores poblacionales”, por un monto de $ 49 millones. Se espera que para el próximo año el presupuesto municipal contemple $ 80 millones para la señalética, y así se incluya lo que no se hizo en 2011 y lo que corresponde a 2012.
Además, se utilizaron recursos del ítem Desahusio e Indemnizaciones e Indemnización de Cargo Fiscal, por un total de $ 21 millones.
Pronunciamiento
A pesar de que la mayoría de los concejales manifestaron ciertas observaciones a la contratación de Ramírez&Pfeffer Abogados para la defensa de la Municipalidad de Punta Arenas ante la demanda por $ 714 millones que presentó Mario Mancilla por no haber sido adjudicado del contrato para el retiro de la basura en el primer llamado a licitación, y para representar al municipio ante una posible acción judicial que se podría iniciar por el nuevo otorgamiento del mismo contrato, el concejal Roberto Sahr fue el único que votó en contra de la modificación presupuestaria que resguardará los fondos para cancelar a la empresa.
Una de las primeras dudas que surgió es por qué en el documento la firma se consignaba que el precio iba a ser 6.500 Unidades de Fomento (UF), cuando el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo informó que el valor iba a ser de $ 120 millones. La duda planteada por Sahr fue subsanada en el momento por el edil, quien enfatizó que el trato era lo planteado por él, pues le habían consultado si el municipio cancela a través de UF o pesos.
A su vez, existía cierta duda de por qué la Dirección de Asesoría Jurídica de la municipalidad no podía hacerse cargo de la defensa en estos casos, lo que fue explicado por el jefe del área, Rodrigo Gatica, argumentando que la complejidad del caso y la alta carga de trabajo del equipo no le permitían dar la dedicación exclusiva a los casos.
Además, realizó una recomendación escrita al jefe comunal indicando que ante la obligación de retrotraer la adjudicación del contrato para el retiro de la basura, que actualmente cumple Servitrans, se hace pertinente la defensa externa.
“Por último, no es menor el hecho de que se ha tomado conocimiento por parte de la autoridad, de que la defensa y asesoría de la Empresa Servitrans S.A., sería asumida por el prestigioso estudio jurídico de Jorge Miguel Otero Lathrop, ubicado en Santiago, lo cual refuerza la idea de que es necesario contar con un estudio del referido nivel que equipare la defensa de este municipio ante los eventuales escenarios que se deberán afrontar”, consigan el documento.
Pero el concejal Sahr mantuvo su postura contraria porque aseguró que no está de acuerdo con “seguir dilapidando los fondos municipales” y porque “resulta que tenemos tres abogados, más un egresado de leyes, más un asesor legal del alcalde, y estos cinco profesionales no son capaces de enfrentar un juicio y defender a su empleador, es increíble”, criticó.
Añadió que “ante este escenario, lo más lógico habría sido pedir la defensa al Consejo de Defensa del Estado que es el organismo que nos está defendiendo en el juicio de los funcionarios, que defiende precisamente el buen recaudo de las platas públicos y además es gratis”, recomendó Sahr.
Además, afirmó que el edil se mantuvo con anterioridad en contacto con los concejales para detallarles los procedimientos que estaba efectuando para contratar la defensa, incluso aseveró que invitó a José Saldivia a una reunión con los jurídicos en la capital, a pesar de que todos los representantes comunales se encontraban en Santiago, en el marco del décimo Congreso Nacional de Municipalidades realizada a fines de junio.