
Marshall explicó que la regulación establecida por el instituto emisor en materia de tarjetas de crédito, guarda relación con velar por el normal funcionamiento del sistema de pagos y, por lo tanto, su foco de atención está sobre las obligaciones que un emisor de tarjetas asume cuando ésta se usa para efectuar pagos en otros establecimientos comerciales. Por lo tanto, no se vincula con el crédito que otorga a sus clientes titulares de tarjetas de crédito.
“El cumplimiento de la función pública encomendada al Banco, cuya normativa dictada en esta materia ha sido objeto de fiscalización por la SBIF, no se ha visto afectada por los hechos (que son) materia de esta investigación”, señaló.
Destacó que la supervisión de la regulación dictada por el banco se encuentra encomendada por ley a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, con las facultades generales que se otorgan con tal finalidad en el Título I de la Ley General de Bancos.
“Las irregularidades investigadas configuran un caso grave y complejo, de cuyo análisis corresponderá extraer lecciones y, conforme a ello, efectuar las adecuaciones que correspondan en materia regulatoria. En tal sentido, el proyecto de ley que fortalece las atribuciones del Sernac en materia de proveedores de servicios financieros, actualmente en trámite en el Congreso Nacional, puede contribuir a fortalecer la protección general de los derechos del consumidor de productos financieros”, continuó detallando Marshall.
A modo de conclusión, indicó que el Consejo del Banco Central “ha dispuesto efectuar una revisión exhaustiva de la normativa vigente en el ámbito de su competencia y, en un plazo prudente, incorporará los ajustes y perfeccionamientos necesarios en aspectos o materias que guardan relación con su mandato y las facultades legales que se le han conferido”.