
Este nuevo ataque a las libertades públicas de los ciudadanos, oculta el deseo de castigar con cárcel la ocupación de liceos y universidades, reformando el Código Penal para elevar sanciones por desorden público con penas que van desde los 541 días hasta los tres años. Vale aclarar que esta acción ha sido cuestionada por los mismos Magistrados, que de ser aprobado el proyecto de Ley deberán aplicarlo, porque varias de estos actos están ya tipificados en la actual normativa.
En lugar de buscar solución a la crisis Educacional y a la desconfianza a su gestión, que tiene un respaldo de sólo el 22% y con el Gobierno peor evaluado desde la vuelta de la democracia, este Presidente y sus representantes en los gobiernos nacional y regionales, coartan la expresión popular y ciudadana, pretendiendo silenciar el verdadero valor de la Democracia, el que los ciudadanos puedan expresar públicamente sus ideas, sus reclamos, en definitiva el derecho a la libre expresión.
Los magallánicos demostramos en enero de este año, que ante un gobierno inútil e incapaz, los vecinos y vecinas pudimos administrar la ciudad. Si en esa oportunidad este proyecto hubiera estado vigente, Magallanes estaría procesada.