“No queremos que se despidan a 60 funcionarios públicos, como el año pasado”, aseguró la presidenta regional de la ANEF, Jessica Bengoa, refiriéndose a la incertidumbre laboral que viven los empleados fiscales a pocos días que los contratos de muchos terminen y al inminente despido de trabajadores de planta, anunciado por las máximas autoridades de Magallanes. El fin de año se ha vuelto en una pesadilla para los trabajadores de los distintos servicios públicos, porque en esta fecha renuevan los contratos del personal que está prestando sus servicios a plazo fijo, pero también se toman las decisiones sobre el futuro laboral de los funcionarios de planta.
Decisiones que según la presidenta de la ANEF deben ser tomadas considerando solamente el desempeño profesional, “por estatuto los servicios califican a sus empleados, notas que reflejan sus capacidades y teniendo en cuenta estos documentos deben ser tomadas las decisiones de cese de funciones. El Gobierno no puede despedir a alguien por su afiliación política”, enfatizó la dirigente.
A pesar del desconocimiento de la cifra exacta de personas que serían desvinculadas de los servicio públicos a partir del próximo año, Bengoa asegura que está instalada una especie de “lista negra” de funcionarios que debían ser despedidos.
Por su parte, el seremi de Gobierno, Miguel Schweitzer, niega rotundamente la existencia de “listas negras”. “Los despidos no tendrán relación con la afiliación política, diferente será si el trabajador está obstruyendo el desempeño del servicio por una razón política”, aseguró el personero.
Según el vocero regional, cada servicio tiene la libertad de tomar decisiones para mejorar su trabajo. “Si esto significa tomar medidas como despedir o no renovar el contrato a algunos trabajadores, el servicio está en todo su derecho”, aseguró el seremi. Además, Schweitzer afirmó que desconocen quiénes y cuántas serán las personas desvinculas, porque son las mismas instituciones las que se encargan de definir esto y las que notifican a las personas.
Claro que el caso de los empleados que están a contrata y a honorario es distinto, porque muchos contratos vencen el 31 de diciembre, por lo que el servicio sólo debe notificar al trabajador si será o no renovado el documento. Por su parte, la situación de las personas a honorarios es aún más vulnerable porque sólo deben ser avisados del cese de sus servicios.
Durante la próxima semana miembros de ANEF esperan reunirse con el intendente de Magallanes, Arturo Storaker, para interiorizarse de los procesos y conocer la cantidad de asociados que serán despedidos.