El senador PS Pedro Muñoz presentó un proyecto de reforma constitucional que busca poner fin al lucro en la Salud, a través de la fijación de tarifas y precios para detener las exorbitantes utilidades de las isapres. La iniciativa cuenta con el respaldo de los senadores Eugenio Tuma (PPD), Camilo Escalona (PS), Ximena Rincón y Patricio Walker (ambos DC).
“Hemos presentado un proyecto de reforma constitucional, que tiene como propósito modificar el número 9, del artículo 19 de la Constitución Política del Estado para incluir la responsabilidad de la autoridad para fijar tarifas y precios en el derecho a la Salud”, señaló el senador.
“Esto se origina en las ganancias exorbitadas de las isapres, que no tienen otra manera de detenerlas, que no sea sobre la base de hacer posible, a través de esta redacción, una atribución que permita detener la espiral de precios, acentuada en el último tiempo por las decisiones unilaterales de las isapres y, además, estimulada por la transferencia de recursos que se hace desde el sector público al sector privado”, sostuvo.
“De las ganancias exorbitadas de las isapres, el 60 por ciento corresponde a transferencias que se están haciendo desde el sector público al privado, a través de los bonos GES. Es decir, el gobierno de Sebastián Piñera empuja masivamente a las personas a que se vayan a atender a las clínicas u otros establecimientos privados y, al mismo tiempo, estas han encarecido los precios para la clase media”, declaró.
A juicio del parlamentario todo ello genera una especie de “paciente cautivo”, que ha generado una situación insostenible para las familias”, afirmó , razón por la cual en el proyecto se incluye el concepto de “renta ilegítima”, estableciéndose ésta como producto de la utilización de la posición dominante en un mercado relevante, por parte de un oferente.
Establecida esa renta ilegítima y causado el daño social respectivo, la autoridad quedaría habilitada para colocar tarifas y precios al crear una figura nueva con el propósito de detener los abusos masivos que se están provocando en contra de los pacientes cautivos, señaló.
De acuerdo con esta reforma constitucional, la autoridad quedaría con la responsabilidad de adoptar medidas que impliquen fijación de tarifas y/o precios, de acuerdo con la situación que el respectivo ejercicio de derecho así le indique, manifestó Muñoz.
“Por lo tanto, este proyecto de reforma constitucional le entrega la responsabilidad a la autoridad de fijar tarifas y precios. En consecuencia, esto significa quitarle un instrumento de abuso a los privados, que está causando un costo social sumamente severo”, expresó.