El magistrado Juan Patricio Silva determinó que el Ministerio del Interior debe pagar las costas de éste procedimiento por haber errado en la jurisdicción. Los casos se enviaron a Puerto Cisne. Mientras los principales líderes del Movimiento Social de Aysén viajaban a Santiago para reunirse con el vicepresidente Rodrigo Hinzpeter en La Moneda, el Juzgado de Letras y Garantía local se declaró incompetente para tramitar 6 de las 22 querellas por Ley de Seguridad del Estado que fueron presentadas contra habitantes de esa región por su presunta participación en hechos de violencia.
El motivo de esta resolución judicial se basó en que a éstas seis personas se les atribuyen hechos que no están dentro de la jurisdicción de este tribunal, ni tampoco del Ministerio Público de la ciudad de Puerto Aysén.
Debido a este error en la presentación realizada por el Ministerio del Interior -que obligó a la realización de esta audiencia por incidente- es que el juez Juan Patricio Silva junto con inhabilitarse de conocer estos casos y enviarlos al Juzgado de Garantía de Puerto Cisne condenó a la cartera liderada por el ministro Hinzpeter, que obra como querellante, a pagar las costas de este procedimiento.
El defensor penal público Fernando Acuña que representa a cuatro de estos seis querellados se manifestó satisfecho por la resolución. "Esperamos poder continuar con ahínco la defensa de la gente en los tribunales que corresponden. No sólo porque se haya resuelto un asunto formal, sino porque se ha determinado que aquí se ha cometido un error importante que es enjuiciar a una persona en un tribunal distinto al que corresponde", señaló el profesional.
La audiencia por incidente de incompetencia fue solicitada por el Ministerio Público. Al respecto, el fiscal Luis Contreras explicó que se tomó la determinación de hacer esto, ya que en el detalle de la querella por Ley de Seguridad del Estado seis de los querellados no iban a poder ser indagados -en el caso que se tome esa determinación- por él debido a que los hechos que se le atribuyen no están en su jurisdicción.
Se trata de situaciones que se describen y que habrían ocurrido en Coyhaique, Lago Verde y Puerto Cisne.

El representante de la fiscalía de Puerto Aysén aclaró además que en el caso de que el Ministerio del Interior decidiera retirar las querellas inmediatamente -de acuerdo a la ley- ellos deberían dejar de tramitarlas y declinó de referirise al error por parte del Gobierno al momento de considerar las competencias de las zonas al querellarse.