Última Esperanza y Antártica contarán con oficinas de Promoción e Información de los Derechos Indígenas

General
26/03/2012 a las 16:15
En Natales y Puerto Williams. Las oficinas de Promoción e Información de los Derechos Indígenas, PIDI, creadas por la CONADI, buscan contribuir a la igual de oportunidades en el acceso de los indígenas que viven en apartadas zonas geográficas y que cuentan con escasa presencia de la red social pública.Es precisamente esta poca accesibilidad a los servicios la que CONADI quiere revertir en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, instalando dos oficinas PIDI en las provincias que presentan una importante concentración de población indígena, Última Esperanza y Antártica.
En una reciente visita realizada a la región, el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Jorge Retamal, firmó los convenios de colaboración con ambas gobernaciones provinciales que tendrán a su cargo la implementación de las oficinas PIDI.
Según explicó la autoridad nacional, el objetivo básico de estas oficinas es contribuir en la posibilidad de las personas indígenas que viven en estos territorios, a conocer y verse beneficiados con los servicios sociales que ofrece en Estado y la red privada. Para el funcionamiento de las oficinas, CONADI ha establecido convenios de cooperación con organismos públicos y privados que permiten a nivel local brindar atención oportuna a personas, comunidades, asociaciones indígenas, y público en general.
En el caso de la provincia de Última Esperanza, los beneficiados serán 4621 personas acreditadas ante la CONADI, mientras en la provincia Antártica 211 personas tendrán mayor accesibilidad a los servicios públicos.
Las oficinas PIDI también buscan promover los derechos indígenas, para ello, organiza en coordinación con actores locales, diversos talleres sobre aquellos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que los resguardan, entre los cuales se encuentran, la ley Indígena 19.253 y la ley de borde costero.
Además, en estas oficinas, CONADI busca promover aquellas normas internacionales que promueven los derechos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la Declaración de la ONU sobre Pueblos.

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