
San Martín agregó que tras conocer esos antecedentes, se los informó a su abogado Alfredo Morgado, pero que en esa oportunidad no tenía bases para fundamentar la información. Y cuestionó la decisión de la institución de invocar “secreto militar” respecto al estado de la nave.
“La Fuerza Aérea se debe netamente al país, es la Fuerza Aérea de Chile. Es ilógico que ellos traten de tapar algo si todos queremos saber la verdad”, enfatizó.
La viuda de Oliva -que aún vive en una villa fiscal del organismo en el centro de Antofagasta- también reafirmó que fue víctima de acoso y amedrentamiento por parte de la entidad durante el período inicial de la investigación que lleva el ministro Juan Cristóbal Mera.
“Todo partió en Santiago después del accidente, cuando con mi suegra -Jacqueline Pino- empezamos a meter mucho ruido. Éramos muy insistentes al pedir explicaciones”, relató.
“Yo reclamaba y pedía exigencias, y fue en esas circunstancias cuando enviaron a un amigo de Flavio que me dijo que si seguía armando tanto escándalo, me iban a quitar todos los beneficios que me podía dar la FACh. Luego, me enteré que de todas maneras me correspondían, que eran obligatorios, pero no lo sabía”, dijo.
“Solamente quería una explicación, pero ellos (funcionarios de la institución) me dijeron que si no dejaba esto bajo perfil, podía perder todo”, agregó.
En tanto ayer, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Jorge Rojas, descartó haber negado información a la justicia, tras la reunión que sostuvo con el ministro en visita, Juan Cristóbal Mera, y entregarle un CD con el historial de mantención del avión CASA 212 que el pasado 2 de septiembre capotó en el archipiélago Juan Fernández dejando a 21 personas fallecidas. Sin embargo, sí se apeló al secreto militar para entregar información a la prensa.