Como una investigación reservada, que no tiene plazo, es calificada por la fiscalía la causa que busca determinar o desestimar la existencia de un ilícito en la adjudicación del contrato de recolección de basura en la comuna de Punta Arenas. En diciembre del año pasado, el fiscal jefe de Punta Arenas, Felipe Aguirre Pallavicini, ordenó una amplia investigación tendiente a conocer detalles del proceso que se inició con una licitación por parte del municipio y que terminó con la entrega de la concesión a la empresa Servitrans.
La decisión causó una verdadera polarización al interior del Concejo Municipal, luego que varios de los ediles cuestionaran la postura que hasta hoy mantiene el alcalde, Vladimiro Mimica Cárcamo, de considerar a la mencionada empresa como la mejor alternativa para entregar el servicio. Argumentan que la oferta de Servitrans estaba lejos de ser la más conveniente para el municipio ($ 30 millones sobre la más económica) y que, además, no se ajustaba estrictamente a lo solicitado por bases.
Aunque después de la batalla, todos son generales, sólo Antonio Ríspoli (RN) se pronunció en contra de Servitrans en la primera votación. Roberto Sahr (independiente), se abstuvo. Aquello, sólo fue el punto de partida para una discusión abierta y a la cual se sumaría como principal opositor a la decisión alcaldicia el concejal Vicente Karelovic. Sus colegas, los democratacristianos José Saldivia y José Aguilante también se opusieron en una de tantas votaciones.
Paralelo a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, el caso se ha instalado en tribunales con varias acciones que han recogido las demandas de algunos de los oferentes que para nada quedaron satisfechos por el resultado de la adjudicación.
El caso de Arica
El caso, ampliamente discutido a finales del año pasado en las sesiones del Concejo Municipal, volvió nuevamente a la mesa informal de los ediles. ¿La razón?, la investigación que logró desbaratar una asociación ilícita al interior de la Municipalidad de Arica y que dio cuenta de negocios “truchos” ligados a la licitación de la basura.
Los concejales José Saldivia y Vicente Karelovic coinciden en que lo único positivo del hecho es la capacidad que la Fiscalía Regional tuvo para investigar, reunir pruebas y llevar a tribunales a 19 personas. Entre ellas, el alcalde Waldo Sankán; el director de Ornato, Fernando Vargas; la concejala comunista Elena Díaz (a quien se le incautaron $ 4 millones) y los empresarios Jorge Frías, propietario de las empresas Aservetrans y Sovinca; Rodrigo Ortiz, representante de Sovinca y Ruperto Ojeda, adjudicatario de la mantención de Áreas Verdes de la comuna. Se suman a ellos cinco concejales y funcionarios del municipio.
Los delitos que se les imputan son fraude al fisco, soborno, cohecho, lavado de dinero y asociación ilícita. Se estima que los ilícitos datan de 2004 y que los montos defraudados superan los $ 1.000 millones.
“Normalmente, estas investigaciones resultan lentas por la complejidad que presentan, por la gran cantidad de antecedentes que se deben recopilar y revisar. Afortunadamente, en el caso de Arica, la Fiscalía tuvo la capacidad para determinar la existencia de delitos y el ánimo de formalizar a los presuntos responsables”, señaló el concejal Roberto Sahr.
Su colega, Vicente Karelovic, opinó que “lo ocurrido en Arica se está dando en muchas municipalidades del país. Lamentablemente, los casos de corrupción explotan cuando la gestión de los funcionarios están terminando”.
José Saldivia, en tanto, considera que este tipo de situaciones “hace que la gente se quede con una opinión muy negativa respecto de las personas que son parte de la función pública”.