Como “una errónea estrategia” calificó la diputada Carolina Goic las declaraciones del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, efectuadas la semana pasada, quien junto con responsabilizar a los estudiantes de los desmanes provocados en la última marcha, llamó a aprobar el proyecto de ley del Gobierno que endurece sanciones en contra de los manifestantes. Al respecto, dijo que “este mal proyecto, conocido como la Ley Hinzpeter, no tendrá nuestro apoyo ni tampoco del resto de la oposición. Al Gobierno le respondemos que el camino no es la criminalización de las manifestaciones ciudadanas”, expresó.
La parlamentaria magallánica agregó que el proyecto que busca reactivar el Gobierno sanciona los ataques contra integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de Gendarmería en el ejercicio de sus funciones y elimina las multas, reemplazándolas por penas de cárcel para los autores de estas agresiones.
Goic manifestó que “pretender responder al legítimo descontento y la indignación de los estudiantes y sus familias, especialmente después de conocer las conclusiones de la comisión investigadora por el lucro, con una ley que reprime la expresión ciudadana es el peor camino. Rechazamos los saqueos y la violencia, pero hacer un vínculo de aquello con un legítimo movimiento estudiantil es inaceptable”, enfatizó.
A renglón seguido, manifestó: “El Gobierno debe asumir que los problemas en la educación superior ya no dan para más y que las medidas deben ser radicales e integrales y, ante ello, mejorar sus iniciativas porque tal como están, especialmente en el caso de la creación de una Superintendencia de Educación Superior, no cuenta con las atribuciones fiscalizadoras que requiere el actual sistema”.
Para Goic, después de las lapidarias conclusiones de la comisión investigadora, donde el lucro queda al descubierto como asimismo las triquiñuelas que utilizan las universidades para burlar la ley, el Gobierno no puede pretender que los estudiantes permanezcan impávidos; más aún, cuando se insiste en iniciativas que requieren de cambios para ser realmente efectivas, y no de urgencias para aprobar leyes que sólo serán un saludo a la bandera.
“El lucro en la educación superior está prohibido y hoy se requiere una fiscalización real para combatirlo”, concluyó.