El mes pasado el trabajador Ricardo Vigna, chofer de la empresa Laza, prestadora de servicios de ENAP, presentó una demanda por una “grave infracción laboral” que estarían cometiendo ambas compañías. En la demanda se estableció que la empresa contrataba a sus trabajadores en calidad de gerentes, con el objetivo de que no tengan restricción de horario, y de esta forma hacerlos trabajar alrededor de 15 horas diarias.
Transcurridos los días de haber ejercido la acción judicial, el chofer comentó haber sufrido duras represalias, mencionando que la empresa no ha querido cancelarle el sueldo debido a que les ha señalado que no firmará sus liquidaciones si no puede dejar constancia de que en éstas no están incluidas sus horas extras.
A su vez, sostuvo que se le instó a renunciar, señalándosele que su jefatura no asistirá a ninguna audiencia por el caso y que si no firma las documentaciones se le cancelará hasta que finalice el procedimiento judicial.