Las críticas resurgen cada vez que un nuevo transeúnte es atacado por uno de estos animales.
Aunque el programa “Yo Aperro” ha intentado abordar el asunto, con sendas campañas de esterilización, el problema persiste. Es una temática latente en cada campaña municipal, y parte de varias promesas incumplidas. La situación que aqueja a la ciudad de Punta Arenas, la que cuenta en su haber con 14 mil perros deambulando en la vía pública, es parte de un problema que afecta a nivel nacional y que guarda relación con la carencia de cultura respecto a una tenencia responsable de mascotas, la que al menos en Magallanes, prácticamente no existe.
Catorce mil perros vagos, indica la presidenta de la organización animalista Codda, Corporación de Defensa de los Derechos de los Animales, Leila Concha, lo que se traduce en que al menos una de cada dos familias abandonaron alguna vez una perrita preñada, o una camada de cachorros.
Pero ¿es la solución una eutanasia masiva? De acuerdo a la animalista, eliminaría el problema sólo superficialmente, y sólo bastaría un par de años, para que la misma cantidad de perros vuelva a tomarse la ciudad. Y es que, según los estudios, de una perra fértil, en promedio nacen dos camadas de ocho cachorros al año. Lo cual, si se reproduce en forma geométrica, resulta en la friolera de 65 mil perros nacidos en cuatro años.
Promesas incumplidas
Con la frase: “Vamos a ganar esta batalla, que hasta ahora no ha ganado nadie en Chile”, el ex alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, inauguró el año 2009 el programa “Yo Aperro”. Sin embargo, aunque el proyecto ha evitado el aumento de la reproducción - se han esterilizado alrededor de 4 mil canes-, además de identificarlos con chip, uno de los principales problemas, que no ha sido abordado exitosamente es la educación de tenencia responsable: Los perros identificados con chip y con dueño, también forman parte de las 14 mil mascotas “deambulantes”.
Además, el canil municipal, que aún está en construcción, se configurará como un Centro de Rescate Canino, al cual sólo llegarán perras en celo, y perros atropellados. No se efectuará ningún apartamiento de perros “vagos”, simplemente “porque no darían a vasto”, expresa Claudia Delich, encargada del Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad, el cual dirige el programa. Las cifras para sacar y mantener a los miles de perros son millonarias, las que sólo para el canil, destinado para un máximo de 100 animales, ya ha generado críticas, hasta del obispo Bernardo Bastres, quien en otros medios de comunicación, criticó que el presupuesto no se dirigiera a “humanos”, y formuló su apoyo a la eutanasia masiva a perros sin dueño, el cual ya había expresado años atrás.
Acciones legales
Pero, aunque la situación evidentemente se les escapó de las manos, la responsabilidad de acuerdo al código sanitario del Servicio de Salud, es de la municipalidad, la que deberá encargarse de proveer de la seguridad de los sitios públicos y su limpieza. De hecho, y aunque según Delich, no ha sucedido en Punta Arenas, a otras municipalidades del país ya se le han entablado juicio, y ganado, por su responsabilidad en los ataques de perros abandonados a las personas.
De acuerdo con uno de los fallos “es obligación del municipio mantenerlas (bienes nacionales o municipales de uso público) en estado de servir a la comunidad, en condiciones de que su uso sea normal y seguro (…) la idea es que tales bienes cumplan efectivamente su función y por otra, que se eviten causar daños a las personas que sirven de ellos”.
Tenencia responsable
A nivel nacional, hace casi tres años que duerme en el Congreso la Ley de Tenencia Responsable, que entregaría un marco legal a los municipios para efectuar eutanasias a gran escala o en casos especiales. Por lo que, por el momento, y a pesar de apoyos como las del propio obispo, no se puede aniquilar a los perros sin dueño.
La única normativa vigente es la que emana de la ordenanza municipal de la ciudad, en la cual aquellas mascotas que cuenten con chip identificatorio, y que deambulen en la vía pública, pueden ser retenidas por el departamento de Medio Ambiente, el cual llamará a los dueños para que lo retiren.
Y si la conducta se repite, se pueden aplicar multas de entre 3 a 5 UTM, que corresponden entre $ 120 mil y 200 mil pesos.