La propietaria, Patricia Leiva, aseguró que con la demora de los pagos, finalmente no obtendrá ninguna ganancia por los trabajos realizados tras el aluvión de marzo del año pasado, sosteniendo que todo lo obtenido lo ha cancelado a quienes trabajaron para ella y que aún mantiene una millonaria deuda con el fisco. Diez meses han pasado del aluvión que se produjo en Punta Arenas en la madrugada del 12 marzo del año pasado, el cual dejó a cientos de damnificados y generó una gran polémica no sólo por la denunciada tardía reacción de los entes de emergencia de parte de los vecinos, sino por los millonarios contratos realizados a empresas para limpiar y reconstruir la ciudad tras el desborde del Río Las Minas.
Estas denuncias conllevaron a que incluso la diputada Carolina Goic (DC) con el presidente regional de la Democracia Cristiana, Juan Francisco Miranda, solicitaran a Contraloría investigar el contrato de la empresa Rayén SPA.
Hoy, a dos meses de cumplirse un año de la catástrofe, el “Caso Rayén” no concluye, sorprendiendo a muchos la denuncia realizada por la propietaria de la compañía, Patricia Leiva, quien informó que aún se le adeudan 204 millones de pesos.
Esta situación mantiene tan complicada a Leiva, quien se encuentra en la Cuarta Región desempeñando labores con su empresa, que viajó directamente al Departamento de Finanzas del Ministerio del Interior, en Santiago, en busca de una explicación del por qué el retraso de los pagos, no obteniendo a la fecha ninguna respuesta.
Es por este motivo, como señaló ayer a Diario El Pingüino, que demandará al Estado, “le paguen o no le paguen”, mencionando que el daño a la imagen de la empresa que se le ha provocado es irrecuperable, y que además, a la fecha no ha obtenido ganancias por los trabajos realizados, debido a que lo que se la ha cancelado lo ha pagado en intereses y a los empleadores que le prestaron servicios, explicando que incluso de los $ 204 millones, un 75% deberá cancelarlo al fisco, con el cual mantiene una millonaria deuda por el atraso de los pagos, estableció.
Polémica contratación
La polémica contratación de la empresa Rayén SPA alcanzó ribetes impensados en mayo del año pasado, no sólo por la acción de los falangistas, sino porque en ese mes salieron a la palestra una serie de nombres de autoridades y funcionarios del Gobierno Regional, que estarían vinculados a la compañía. Tal fue el caso de Luis Sáez, ex jefe de Análisis y Control de Gestión (DAC), Javier Gómez, quien dejó de prestar funciones para la secretaría regional ministerial de Justicia, y del propio ex seremi de Justicia Ronald Klesse, quien presentó su renuncia al cargo sin antes anunciar que pediría a la Fiscalía investigar una eventual asociación ilícita en este caso.
Caso se judicializó
Los dimes y diretes, en tanto, de la propietaria de Rayén SPA y del ex subcontratista Carlos Fuentes, terminaron en la justicia. Esto porque el empresario presentó el mismo mes las facturas por más de 50 millones de pesos que a su juicio se le adeudaban, en el Juzgado de Letras, mientras que Leiva replicó su presentación con una demanda por estafa, injurias y calumnias.
Posteriormente el ex intendente Arturo Storaker presentó acciones en la justicia e inclusive el ex jefe de la DAC se querelló contra el ex consejero regional Karim Bianchi.