Roberto Núñez, propietario de Muebles Capricornio, llamó a las autoridades y a la constructora a usar el sentido común para aminorar el impacto social y económico que tendrán las obras que se prolongarán por más de un año. “Entendemos que se trata de trabajos por el bien superior, que es reconstruir el puente, pero el trastorno que se genera va más allá de que los comerciantes podamos resistir en el mediano plazo. Entonces estamos angustiados con esta realidad”, asegura Núñez.
Como una manera de atraer a los magallánicos para que prefieran los servicios y productos que se ofrecen en ese punto de la comuna, los empresarios están viendo la posibilidad de postular a los programas de Gobierno que entregan financiamiento para contratar publicidad y así atraer a los clientes de vuelta.
De acuerdo con el empresario, a pesar de las medidas paliativas que se puedan tomar, la situación en muchos casos es delicada y no ha habido flexibilidad para enfrentar este tema: “a estas alturas de las circunstancias tenemos que actuar con la mayor amplitud de criterio posible, debemos buscar las soluciones con las circunstancias que están dadas. No podemos decir que no se siga construyendo, pero tiene que haber buena voluntad para entender que hay que afectar lo menos posible el funcionamiento de los vecinos en sus actividades”.
El empresario reconoció que “obviamente tienen sus objetivos, sus compromisos y sus plazos, pero tienen que estar atentos al impacto social que producen”.
Un ejemplo de esto es la colocación de grandes placas de madera en las vitrinas de los negocios ubicados junto al puente de calle Magallanes, con lo que sólo quedan abiertas las puertas. “Ellos viven de la venta que realicen y si no se ve su producto no van a poder comercializar. Entonces están en esa situación catastrófica”, dice el administrador de Muebles Capricornio.
De la misma manera, valoró la disposición que han tenido algunas entidades de Gobierno para buscar una solución al problema, ya que, a su juicio, la única forma de que estas obras tengan el menor impacto posible es usando el sentido común.
Frente a esta situación, un grupo de a los menos 30 comerciantes y vecinos del sector céntrico de Punta Arenas presentaron un recurso de protección en contra del intendente de Magallanes, Mauricio Peña y Lillo, debido a los perjuicios que arrastran desde que se iniciaron las obras de construcción del puente José Menéndez y la remodelación de la Avenida Colón.
Como una manera de paliar la situación por la que atraviesan los comerciantes, la Municipalidad de Punta Arenas está buscando fórmulas para que los locatarios puedan pagar los derechos de comercialización en cuotas, de manera que este trámite cause el menor daño posible. Esto porque debido a la normativa legal vigente no se puede rebajar o condonar.