
A lo anterior se sumarían prácticas antilaborales tales como despidos de trabajadores sindicalizados, que alcanzarían el número de treinta, una vez que terminaron los plazos de fuero aduciendo la causal de necesidades de la empresa.
“La empresa conociendo la existencia de deudas en los sueldos y previsionales no tiene la voluntad de reconocer el total a pagar prefiriendo sanciones administrativas al mismo tiempo que continúa cobrando beneficios estatales, como ser la devolución a la contratación de mano de obra, sin cumplir las leyes que otorgan incentivos en las regiones extremas”, señalaron los subcontratistas.
Por todo lo anterior se acordó en conjunto con la Comisión de Trabajo enviar un oficio al Ministerio del Trabajo y Previsión Social consultando que razón ha impedido a los organismos del Estado fiscalizar a Maqsa y Salfacorp, lo cual ha generado cuantiosos perjuicios económicos y previsionales a los trabajadores.
Adicionalmente, señalo el senador Muñoz, se oficia a la Tesorería Regional de Magallanes informar por los controles relacionados con el beneficio sobre el pago a la devolución a la contratación de mano de obra.