
Tras una reunión de 14 de sus ministros y luego de que esta semana la Asociación de Magistrados emplazara a la Corte a pedir ese “perdón”, su presidente, Rubén Ballesteros, leyó en el salón plenario del Palacio de Tribunales una declaración pública que se concordó en el encuentro, y que se vincula con “un nuevo aniversario del 11 de septiembre de 1973”.
Los ministros consideraron “un deber” reconocer que “el quiebre de la institucionalidad democrática permitió la instalación de un régimen cívico militar que violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos de nuestro país”, registrándose hechos como “muerte, desaparición forzosa, detenciones irregulares y torturas”, que “hoy día casi nadie en el país niega”.
“No cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, en parte se debió a la omisión de jueces de la época que no hicieron lo suficiente”, pero principalmente a que “la Corte Suprema de entonces no ejerció ningún liderazgo”, pese a que las violaciones a los derechos humanos “le fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos judiciales”, dijo Ballesteros.
El “máximo tribunal, reflexionando sobre los hechos de la época y el rol que le correspondió al Poder Judicial” debe concluir que “no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones en las que se incurrió”, dijo el ministro.
Este actuar en dictadura “constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales”, lo que ahora queda sentado para todos los miembros del Poder Judicial, y también hacia “las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita”.