El senador Pedro Muñoz respaldó el accionar de la Contraloría General de la República, que ratificó criterios anteriores en el sentido que “no resulta posible desarrollar actividades acuícolas dentro del perímetro de un parque nacional y, por ende, otorgar concesiones de acuicultura.” La resolución del ente contralor agrega que “los servicios públicos respectivos deberán adecuar sus procedimientos a los criterios antes descritos y modificar los decretos que declaran áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura que no se ajusten a esa restricción.”
El legislador valoró el dictamen que pone fin a una disputa jurídica entre la CONAF y la Subsecretaría de Pesca, en el sentido de cautelar las áreas protegidas del Estado. El legislador recordó que había hecho presente el tema en una sesión especial de la Comisión de Medio Ambiente, solicitada junto con el senador Alejandro Navarro. Asimismo, remarcó que durante la tramitación de la ley de pesca advirtió el intento de la Subsecretaría de corregir esta situación a través de una indicación incorporada en forma muy sigilosa en la Comisión de Pesca. “La rápida denuncia que realicé y el apoyo de entidades ecologistas y ambientalistas permitieron que se desechara esa solución que claramente afectaría a las áreas protegidas” – recalcó.
“La acuicultura es una actividad que realizada intensivamente, como se pretende, puede generar graves problemas ambientales, como ya ha ocurrido en las regiones de Los Lagos y Aysén”- sostuvo Muñoz – al tiempo de manifestar que “la pretensión de la Subpesca de que los parques nacionales están conformados sólo por tierra y no por las aguas interiores carece de sustento biológico y ambiental, por cuanto la relación entre ambas es innegable” – afirmó.
El parlamentario manifestó que la resolución de la Contraloría reafirma que no existe posibilidad de afectar los parques nacionales para este tipo de actividades. El legislador advirtió sobre la eventualidad que el Gobierno intente agudizar el problema prohibiendo también la pesca que se desarrolla en esta áreas, incluso por pueblos originarios. “Se trata de actividades mucho menos invasivas y contaminantes, para las que, además, existe una clara solución en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de la Biodiversidad, donde se permitiría realizar actividades compatibles con el plan de manejo que se defina y bajo la supervigilancia estricta de la administración de los parques” – concluyó.