De las 115 que debían recibir tierras, según un catastro heredado por el Gobierno de Piñera de la administración Bachelet, 110 casos ya regularizaron su situación en el Conservador de Bienes Raíces. En algunos sectores el valor de la hectárea se multiplicó por 10 entre 1994 y 2013. En un plazo de 5 años podría terminarse la “lista de espera” a la que están sometidas aquellas comunidades mapuches que demandan al Estado la restitución de tierras ancestrales que, por diferentes razones, quedaron en manos de particulares no indígenas
Este es el cálculo que saca el director nacional de la Conadi, Jorge Retamal, quien plantea que durante la administración del Presidente Sebastián Piñera se cumplió prácticamente con la totalidad (salvo cinco) de las 115 comunidades priorizadas en 2008 para recibir un territorio.
Como en 2011 se actualizó el catastro de casos que cumplía con el requisito de aplicabilidad - dispuesto en Ley Indígena (artículo 20, letra b) - la Conadi agregó al listado otras 206 comunidades. Por eso es que los cálculos de Retamal apuntan a que la “herencia” que dejarán para el siguiente gobierno será de 166 comunidades (5 de rezago de las 115 y 161 nuevas), focalizadas principalmente en La Araucanía.
“A un promedio de 34 comunidades por año, esto se podría resolver en 5 años”, asegura Retamal , responsable del procedimiento de adquisición de “tierras en conflicto” que ejecuta la Conadi desde que se promulgó la mencionada ley en 1993.
Por ese entonces, una de las principales interrogantes era saber a cuánto ascendería el universo de comunidades mapuches que solicitarían la recuperación de sus tierras ancestrales. Un catastro de 2006 estableció en 4.336 las familias que podrían tramitar la restitución de aquellos predios. Esa cifra se elevó a 12.164 familias en 2011, tras la actualización del catastro previo en que se agregaron otras 206 comunidades (7.828 familias) que cumplían con los requisitos en las regiones de Bío Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos.
Aunque no siempre encuentran terrenos en los lugares originales, Jorge Retamal asegura que lo que más evitan es caer en la compra de un “predio alternativo”, que implica trasladar a la comunidad con todas las complejidades y el desarraigo que eso conlleva.
“Los gobiernos anteriores resolvían a 23 en promedio por año y eso da más años de espera. Pero como avanzamos, a un promedio de 34 comunidades por año, el tiempo es menor. Además las comunidades saben cuándo les tocará”. Además asevera que difícilmente se podría disparar el universo con nuevas comunidades, porque ya han hecho el trámite la mayor parte de ellos.
Escéptico a ese plazo se confiesa el senador Eugenio Tuma (PPD) , quien cree que aún puede aparecer una cifra mayor de comunidades que deseen acceder a este mecanismo.
“El Estado no ha hecho un catastro de cuáles son todas las tierras indígenas que tienen su origen en un título de merced y que podrían invocar el artículo 20 b). No hay catastro, por lo tanto es una estimación caprichosa y arbitraria”, señala.
“Al ritmo que va la inversión, creo que se requerirá de bastante más años para cumplir con la actual demanda” afirma.
El ex director de la Conadi, Domingo Namuncura, no ven tan imposible cumplir con la meta durante el próximo gobierno , pero en su opinión serán necesarios aportes adicionales al presupuesto ordinario.
“La diferencia entre gobierno y gobierno está en la intensidad de la ejecución. Si el problema de la compra de tierra se tuviera que abordar con el presupuesto normal (que da Hacienda), evidentemente los años serían más”, dice Namuncura, para quien “la ejecución presupuestaria del actual gobierno fue más baja” que otras administraciones.
“Se tiene que seguir por ley una línea de continuidad normal. La tarea de la autoridad política es cómo logra resolver en poco tiempo la magnitud de la demanda. La respuesta hay que darla en el más corto tiempo en el marco de los cuatro años. Si eso significa más recursos, seguramente se resolverá que así sea, si no esa demanda se extenderá por cinco, siete u ocho años”.