
Para los querellantes, esto “dio lugar a que la concesionaria aumentara, sin control, los costos de las medidas de mitigación”. Agregan que se traspasaron “fondos públicos a particulares sin control, efectuándose el último pago el 15 de junio de 2011”. El documento, cuya abogada patrocinante es Marta Sánchez Catalán, cita un informe de la Contraloría de 2009 y otros antecedentes que, según indican los tres querellantes, “dan cuenta al menos de un actuar errático e irregular, al pactarse el contrato en cuestión a suma alzada, sin justificación”.
Los tres querellantes, Daniela Caro Valenzuela, empleada, Eduardo Ortega Aguirre, operario, y Patricia Valenzuela Avendaño, empleada, son identificados como propietarios afectados, quienes alegan además el incumplimiento de la exigencia ambiental de construir un parque.
Sostienen que el dinero, en lugar de ser destinado “a la construcción de nuestro parque, terminó dentro del patrimonio de la empresa concesionaria”. Además de solicitar que se remitan los antecedentes al Ministerio Público, el escrito pide “citar a declarar a los querellados”.