La Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), que preside el médico Esteban Maturana, como parte de la Mesa del Sector Público, llamó ayer al Gobierno para cerrar el proceso de negociaciones del reajuste y de otras peticiones, antes de las elecciones presidenciales y legislativas del 17 de noviembre. El gremio espera reunirse mañana con el Ejecutivo.
“De lo contrario se generarán las condiciones propicias para nuevas y más complejas movilizaciones de las y los trabajadores de los servicios públicos”, señalaron desde el gremio.
De acuerdo a los antecedentes, la Mesa y el Gobierno se reunirán mañana, en la tarde, en la que los dirigentes esperan que se les dé respuesta al petitorio, según dijo la semana pasada, el coordinador de las negociaciones, el consejero nacional de la CUT, Carlos Insunza.
En este sentido, Maturana dijo que “para molestia creciente de las y los dirigentes de las organizaciones negociadoras, hasta el presente las autoridades se han resistido sistemáticamente a poner cifras sobre la mesa de negociaciones, condición esencial de cara a avanzar a la construcción de un eventual acuerdo entre las partes”.
“A la fecha se han realizado ya tres reuniones de las organizaciones de la Mesa del Sector Público y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) con autoridades de Gobierno para negociar el Reajuste Salarial y otros beneficios para el personal de los servicios públicos del país que suman más de 400.000 funcionarias y funcionarios, a los que hay que sumar el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, también beneficiarias de los acuerdos que se produzcan en las negociaciones en comento”, recordó Maturana.
“Como ya hemos señalado previa e insistentemente, para las organizaciones del Sector Público y la CUT es necesario cerrar el proceso de negociaciones antes del evento eleccionario programado para el 17 de noviembre”, añadió el dirigente de la Confusam.
“Dada la dinámica de la negociación, para la Confusam es una condición ineludible que el Gobierno concurra a la mesa de negociaciones con cifras que permitan arribar a un acuerdo a la brevedad. En caso de que ello no ocurra, nuestra organización se hace el deber de advertir que en dicho escenario, se generan las condiciones propicias para nuevas y más complejas movilizaciones de las y los trabajadores de los servicios públicos, siendo por ende responsabilidad exclusiva de las autoridades, evitar que ello se concrete”, expresó Maturana.