La Unión Comunal de Agrupaciones de Derechos Humanos, junto a familiares de ejecutados políticos, visitaron Tierra del Fuego para recordar los crímenes de cuatro personas. Los hechos ocurrieron hace más de 40 años, durante la dictadura cívico militar. Más de treinta personas formaron parte de la delegación que visitó el Cementerio Municipal de Porvenir donde se realizó un acto que recordó al Jorge Parra Alarcón, Germán Cárcamo Carrasco, Carlos Baigorri Hernández y Ramón González Ortega.
Jorge Parra, de 37 años de edad. Casado, padre de seis hijos. Mecánico de oficio, Jefe de Taller en la Empresa Nacional del Petróleo en Cerro Sombrero, miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa COPEAUSTRAL y militante del Partido Comunista fue detenido el 15 de octubre de 1973 en su lugar de trabajo por militares, siendo asesinado el 24 de octubre, tras recibir impactos de bala luego de resistirse a las torturas a las que estaba siendo sometido.
Mientras que Germán Cárcamo, 24 años de edad. Soltero. Estudiante de Veterinaria de la Universidad Austral, empleado de Socoagro, secretario del sindicato de la empresa y militante del Partido Socialista; Carlos Baigorri, de 31 años. Casado, padre de un hijo. Profesor de la Escuela Coeducacional F-39 de Porvenir y Secretario Regional del Partido Comunista; y Ramón González, 37 años de edad. Casado, cuatro hijos. Contador, inspector fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos e Interventor de la Cooperativa de Pescadores de Tierra del Fuego entre 1971 y 1973 fueron conducidos al Regimiento de Infantería Caupolicán. Siendo ejecutados por miembros del Ejército el 30 de octubre de 1973, en el sector “Los Canelos”.
En la ceremonia realizada hace algunos días entregaron algunas palabras el presidente de la Unión Comunal de Agrupaciones de DD.HH. Francisco Alarcón Barrientos, la concejala Silvia Vera, el ex preso político Juan Torres, Carolina González representando al sitio de memoria José Domingo Cañas y dos hijos de ejecutados políticos, Iván y Ana.
Posteriormente, los asistentes fueron a almorzar para luego dirigirse al lugar donde fueron ejecutados Germán Cárcamo, Carlos Baigorri y Ramón González, ubicado a 20 kilómetros aproximadamente de Porvenir. Allí se dejaron flores, se narró lo sucedido aquella madrugada del 30 de octubre de 1973, y se cantó recordando a todos los ejecutados políticos.
“La capacidad para impedir que ocurran violaciones a los derechos humanos no reside solamente en las leyes ni en los organismos creados para este propósito, sino en la conciencia de los ciudadanos.
Ese es el llamado que nos gritan desde el fondo de la tierra y del tiempo, ellos no estuvieron solos en vida y tampoco lo estuvieron en la muerte, su sangre aun vive a través de nosotros y así contemplan los espacios en que han intentado sean olvidados”, leyó en el viaje un emocionado Iván González, hijo de Ramón González.

Hace 4 décadas
Hace 40 años, el 31 de octubre de 1973, el diario “La Prensa Austral” informó a la comunidad de un hecho que provocó impacto en la Región de Magallanes: la muerte por fusilamiento de tres personas detenidas en el Regimiento Caupolicán de Porvenir.
El encabezado de la información menciona lo siguiente: “Muertos tres extremistas al fugarse”, indicando que la razón de las ejecuciones fue la “fuga de ellos del regimiento a las 24:00 horas del día 30 de octubre y una vez ubicados a 20 kilómetros de Porvenir y no haciendo caso a la voz de alto los soldados dispararon resultando los tres muertos”.
El comunicado menciona los nombres de las tres personas: Germán Cárcamo Carrasco, Carlos Baigorri Hernández y Ramón González Ortega. Un mecánico, un estudiante, un profesor y un contador, terroristas. Según los militares y según la prensa.
Ninguna información fue entregada con posterioridad a los hechos. Sólo después de 17 años, el Informe Rettig se refiere a las violaciones de los Derechos Humanos en Magallanes expresando las convicciones a la cual llegó sobre los diversos casos ocurridos en la zona.
La Comisión se formó la convicción de que las muertes de Cárcamo, Baigorri y González fueron en realidad ejecuciones sin juicio, constitutivas de graves violaciones de los Derechos Humanos, estableciendo una clara responsabilidad de los agentes del Estado pertenecientes al Ejército.
Estas tres personas habían sido detenidas en forma separada en sus respectivos domicilios en fechas anteriores y luego de pasar por otros recintos, fueron conducidos al Regimiento Caupolicán de Porvenir. Finalmente, en la madrugada del 30 de octubre de 1973, son asesinados en el sector “Los Canelos”, a 20 kilómetros de Porvenir. La orden era llevarlos a un lugar apartado para justificar “la fuga”. Fueron enterrados y dejados en el lugar, regresando al Regimiento de Porvenir.
Con ello se puede entender que una de las primeras medidas después de los asesinatos fue la de ocultar los cuerpos. Pero lo que sorprende de todo esto es que en el mismo día se invierte la orden.
Ese mismo día 30 en la tarde, por órdenes del alto mando, los cuerpos son rescatados del lugar en que se los dejó, y llevados nuevamente al Regimiento Caupolicán, siendo depositados en el galpón de tiro, hasta el momento en que fueron entregados a sus familiares.
Frente a estos horrendos acontecimientos, es importante recordar que la bestialidad y la cobardía ya se habían consumado seis días antes en territorio fueguino. Jorge Manuel Parra Alarcón fue asesinado el 24 de octubre, tras recibir impactos de bala luego de resistirse a las torturas a las que estaba siendo sometido.
En horas de la noche, fue sepultado en el Cementerio Municipal de Porvenir, envuelto en una arpillera, amarrado con alambres. Así sin más, sin testigos, sin lápidas, sin familiares, sin lágrimas ni flores.
36 años después. En noviembre del 2009, finalmente, Jorge Parra pudo ser sepultado en forma legal por su familia y amigos. Sin embargo, aún la justicia no llega. Vimos cómo en el mes de julio de este año la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, como subrogante legal de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, confirmó una sentencia de cinco años de presidio para su asesino, el brigadier en retiro del Ejército, Eduardo Mancilla Manríquez, cumpliendo la pena en libertad.
A 40 años de lo ocurrido, las Organizaciones de Derechos Humanos exigimos Verdad y Justicia para todas las víctimas de la dictadura. Los asesinos de Jorge Parra deben estar en prisión. Al igual que Miguel Pablo Muñoz Uribe, Juan Antonio Ortiz Toledo y José Aguirre Aguirre, condenados por la Corte Suprema en marzo del 2010, a siete años de prisión efectiva por el asesinato de Germán Cárcamo Carrasco, Carlos Baigorri Hernández y Ramón González Ortega.

(Fuente: Unión Comunal de Agrupaciones de DD.HH.)