El Ministerio de Educación entregó en 2012 un total de 17.410.000 textos escolares a un total de 3 millones de estudiantes. El monto total que la entidad invirtió en la compra es de aproximadamente 22 mil millones de pesos, 3 mil millones más que el año anterior, cuando se gastaron $18.255.723.000. Esto es sólo un ejemplo de lo que se puede gastar en libros. Aún así, los propios padres y apoderados deben echar mano al bolsillo, o bien, recurrir a la inefable fotocopia.
¿Qué nos está pasando?, una frase, una pregunta lacónica, que busca algo, pero que no va a ninguna parte.
Esta semana Diario El País, de España, dijo que “son muchas las familias sin ingresos o con ingresos muy precarios que precisan más que nunca que la previsión constitucional de una educación básica gratuita para sus hijos sea una realidad”.
Hablamos de un país europeo, desarrollado, aunque por estos días está inmerso en una crisis. Tal aseveración, entre comillas, podría aplicarse tal y cual en la realidad chilena. Más cuando luego se habla del problema que los estudiantes tienen en el acceso a libros.
Dentro del mismo reportaje, se da a conocer el testimonio de una madre, de quien se dice ha tenido que hacer auténticos malabarismos para poder pagar los libros de sus tres hijos en edad escolar. Lo ha podido hacer consiguiendo un trabajo como ayudante de cocina en una residencia. Como solución, señala que uno de sus hijos ha tenido que ir a clases con fotocopias. Su confesión suena a vergüenza, y se destaca como revelación de una persona de “tercera categoría”.
Para nuestra realidad, lo anterior no tiene nada de “pecado”. Una buena mayoría de magallánicos, chilenos en rigor, han debido recurrir a la maquinita que reproduce copias por un tema de costo o simplemente porque el libro exigido en la escuela no está disponible en la biblioteca.
El tema no es menor. En Chile el Ministerio de Educación entrega anualmente más de 21 millones de textos de manera gratuita. Sin embargo, por qué entonces en la lista de útiles escolares los padres y apoderados se encuentran con libros que fluctúan entre los 10 mil y 25 mil pesos.
La práctica es común en los colegios particulares subvencionados, que también reciben los textos del Estado, pero que finalmente los utilizan sólo como complemento.
De esta manera, hay familias que llegan a desembolsar hasta 200 mil pesos en libros “adicionales”, además de los cuentos y novelas, que recorren desde lo más clásico de la literatura española hasta lo más “menudo” de las letras nacionales.
Negocios son negocios, esa es la verdad. Son millones de pesos que se mueven anualmente entre colegios, editoriales y establecimientos comerciales. Sin embargo, el problema parece ir más allá cuando se habla de cultura y ni hablar de la educación escolar.
Aquella mujer, de un país como España, que se siente avergonzada de utilizar fotocopias, seguro consideraría un alivio el saber que aquí, en el fin del mundo, aquello es una práctica normal en la educación de nuestros hijos. Un tema que abre debate, pero que también lleva a la reflexión.