En la querella, patrocinada por el abogado Ramón Ibáñez, el ciudadano argentino indica que a comienzos de este año le nació el sueño de comprar un vehículo para él y su señora; sentimiento que se fue aumentando al enterarse de que su esposa estaba embarazada, “para lo cual resulta indispensable que ambos contemos con un automóvil, frente a cualquier tipo de inconveniente que pudiese existir en relación con el embarazo, como así también se incrementa esta necesidad al ser ambos extranjeros y no tener familiares, ni amigos en esta región, salvo mis compañeros de trabajo”.
Consultando a conocidos, de cómo adquirir un vehículo en Estados Unidos y traerlo a Punta Arenas, los primeros días de marzo le dieron el nombre de una persona que vive en ese país y que podía realizar la compra, cobrando una comisión por dicha gestión.
Este último, por Facebook y mail le mostró automóviles y precios de estos, más la comisión.
“Comenzamos a hablar casi todos los días con el imputado Sergio Martínez Córdova, y es así como me muestra por Facebook un Hyundai Tucson año 2011, el cual me interesó dado que satisfacía todas mis necesidades. De esta manera el precio de venta acordado fue ocho millones de pesos”, detalla la querella.
Insaulrralde entregó el dinero a un tercero que a su vez lo depositó a Erica Cid, quien a su vez envió los fondos a Sergio Martínez, cuyos comprobantes están en la querella.
Posteriormente, a través de fotos y videos, el afectado vio que el vehículo estaba embarcado.
Sin embargo, le consultaron si quería otro automóvil, transacción por la cual no le cobraría comisión. Fue así que decidió comprar un Audi año 2005 en $ 6.281.000.
“Las mentiras comenzaron desde el mes de abril a ser cada vez más frecuentes, dado que mis automóviles no se embarcaban. Me señalaba el imputado Sergio Martínez que no se le había depositado el dinero por parte de Erica Cid, que ya había embarcado mis automóviles, que existía una deuda aduanera de la empresa en virtud de la cual los vehículos habían quedado retenidos y que mis automóviles habían quedado secuestrados”.
Desde mediados de mayo el afectado comenzó a solicitar la devolución de su dinero, a ambas personas, sin tener hasta ahora respuesta favorable.
Más adelante vio por internet que su vehículo se encontraba en remate y denuncia que el querellado utiliza Facebook y cambia los nombres bajo los cuales opera, “todo para poder pasar inadvertido de sus inescrupulosas e ilícitas actividades, como así también no poder ser atrapado por la justicia”.
En su caso, lo apropiado indica el querellante, asciende a $14.281.000 (catorce millones doscientos ochenta y un mil pesos).
Ibáñez solicita al Ministerio Publico, a través de la querella, varias diligencias, entre ellas que se despache una orden amplia de investigar a la Policía de Investigaciones y que se cite a declarar a los querellados.