
El primer juicio fue lento. Demoraron aproximadamente tres años en cobrar los $ 823 millones, debiendo incluso acudir a medidas precautorias de embargo, “porque nunca existió un pago voluntario. Por eso esperamos que en esta ocasión se establezca algún arreglo que nos permita regularizar esta situación y que el empleador pague de manera voluntaria”.
Con la reforma laboral, la tramitación de las causas es más rápida. Es un hecho que se acortaron los plazos judiciales y de ahí que Guillermo Soto espera que en esta ocasión el proceso sea mucho más expedito. Sobre todo porque fueron muy exhaustivos en la confección de la nómina de los demandantes, ya que no todos los profesores son beneficiarios de estos dineros. “También espero que los contratos de trabajo de mis clientes sean regularizados a la brevedad para que puedan incrementar las horas a contrata y de titularidad”.
El tenor de esta segunda demanda es igual a la primera, fijándose los mismos criterios a favor de los profesores y, como existe un pronunciamiento de la Corte Suprema, espera que se respete la postura del máximo tribunal del país.
Guillermo Soto llegó acompañado al Juzgado Laboral del presidente del Colegio de Profesores Julián Mansilla, dirigente que espera que sus asociados puedan cobrar lo antes posible la millonaria deuda. De preferencia no sufriendo los mismos problemas de la primera presentación.
Para la nueva administración de la Corporación Municipal fue complicado cumplir con el pago de estos dineros dado que no estaba en el presupuesto anual. Incluso, en su momento, el alcalde Vladimiro Mimica advirtió que la Corporación Municipal corría el riesgo de ir a la quiebra por los montos en juego, dejando en claro que esta situación no era responsabilidad de la nueva administración. Todo esto sin contar la nueva demanda que se interpuso ayer.