Diez meses después de ocurrido el crimen de José Ernesto Gallardo Levill, la justicia sentenció ayer al autor material de este hecho de sangre, Ariel Alexis Perkic Almonacid, a cumplir una pena de cuatro años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social en el Centro Juvenil Aoniken, en Río de los Ciervos, y “al pago de las costas de la causa”. Esto porque cuando cometió el delito era menor de edad y, por ende, fue juzgado con la Ley de Responsabilidad Penal  Adolescente. En el transcurso del proceso cumplió la mayoría de edad.
El Servicio Nacional de menores (Sename) deberá designar un delegado para que proponga el correspondiente plan de desarrollo personal que ordenó el tribunal.
Crimen
El crimen de Gallardo Levill ocurrió en la madrugada del 31 de agosto de 2008, cuando la víctima caminaba por las inmediaciones de calle Simón Bolívar, entre calles Teniente Chaigneau y Teniente Rogers, y se encontró con Ariel Perkic, con quien se trabó en una discusión, la que éste zanjó agrediendo a la víctima con un cuchillo cocinero. Lo apuñaló violentamente cinco veces en diversas partes del cuerpo y luego se dio a la fuga.
La víctima sufrió una anemia aguda que le terminó provocando la muerte, hecho por el cual el fiscal Felipe Aguirre acusó a Perkic de homicidio y pidió como sanción un año de internación en régimen semi cerrado con programa de reinserción social y dos años de libertad asistida especial.
El abogado Marcelo Figueroa interpuso una querella criminal en contra del acusado, para quien estos hechos son constitutivos del delito de homicidio calificado, esto es alevosía, recordando que “la víctima José Gallardo se encontraba inerme, indefenso y en franco estado de ebriedad”.
Para Perkic pedía una pena de cinco años y un día de internación en un régimen cerrado, con programa de reinserción social, “ya que no sólo le quitó la vida a una persona, hay un plus, una energía extra; fueron seis puñaladas, lo que da cuenta de una agresión exagerada”.
Los jueces Fabio Jordán, Jovita Soto y José Flores estiman que la sanción impuesta al acusado “fortalecerá y le servirá para dimensionar la importancia que tienen en la sociedad los derechos y las libertades de las personas, además permitirá adquirir y obtener los medios para su inserción en el ámbito educacional y laboral, dado que en la actualidad, como lo señaló al inicio del juicio, no desempeña ningún oficio o actividad, solo se limitaba a asistir a las entrevistas  acordadas con el delegado del programa de medidas cautelares ambulatorias de la Fundación Esperanza, según quedó de manifiesto con el documento acompañado por la defensa.