Hace 45 años, Chile fundó el Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren), para caracterizar físicamente el territorio nacional y disponer así la reconstrucción del país tras el terremoto de 1960 en Valdivia. El contexto obviamente ha variado según las demandas de la ciudadanía y los desafíos ambientales del cambio climático.
En poco más de 10 años de vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), hemos asistido a múltiples controversias sobre la calidad y cantidad de la información contenida en las líneas de base presentadas en Estudios de Impacto Ambiental, y los umbrales de fiscalización de las condiciones de aprobación de proyectos por parte de los servicios del Estado. Independiente de las explicaciones de los inversionistas o de las impugnaciones de las organizaciones ciudadanas, todos coincidimos en que existe un déficit de información sobre el patrimonio natural y en la dificultad de estandarizar metodologías para inventariar ecosistemas, establecer cuentas ambientales ( ‘PIB verde‘) o ponderar con realismo los impactos ambientales.
La relevancia de contar con información fidedigna es un requisito del país ante la expectativa de integrarnos a fin de año a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), instancia que nos ha hecho saber de este déficit en sus evaluaciones de desempeño ambiental. El Senado, por su parte, discute hoy los grados de la participación ciudadana vinculante en las decisiones sobre emprendimientos productivos, en el proyecto legal de rediseño de la nueva institucionalidad ambiental. Esto incluye la posibilidad de garantizar asesoría técnica -o sea, información- para las comunidades locales que enfrentan un proyecto.  Los desafíos ya planteados se suman al actual contexto de cambio climático, con el previsible desplazamiento de ecosistemas hacia el Sur; y la necesidad de atender a la creciente competencia por recursos naturales (especialmente hídricos, suministrados por ríos, napas o glaciares) entre sectores económicos (turismo, agricultura, energía, minería, forestal, salmonicultura, comunidades indígenas, etc.).
La historia ha mostrado que los vacíos de información cuestan caro a la economía del país. Por lo mismo, el Parlamento deberían tener presente, en la discusión del rediseño de la institucionalidad ambiental, las implicancias de este tema.

*Director del Centro
de Información de Recursos Naturales (Ciren)