Según el jefe de estudios de la Defensoría, Jonathan Ramírez, el Servicio Nacional de Menores (Sename) y Gendarmería no se están haciendo cargo de los jóvenes que cumplen la mayoría de edad.
El reclamo de los jóvenes Katherine Muñoz, Ramón Artiaga y Patricio Oyarzo, todos condenados a 10 años por un doble homicidio ocurrido hace cuatro años en calle Ignacio Carrera Pinto cuando eran menores de edad, por un deficiente cumplimiento de los planes de reinserción social, correspondientes a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, abrió la discusión sobre las falencias del sistema y las necesidades de los que acoge.
En una audiencia, llevada a cabo el miércoles pasado en el Tribunal Oral de Punta Arenas, los jóvenes  reclamaron que no están recibiendo los programas que estipula la ley. En aquella oportunidad, Artiaga acusó que pasan la mayoría del día sin hacer nada. A su vez, Muñoz, más conocida como “Kathy Chispa”, dijo que “en mi módulo no hay funcionarios, por eso hay algunos talleres que no se pueden hacer”.
Dichos planes de intervención son una secuencia de actividades que se programan con el infractor, en este caso con los menores que delinquen, que buscan responsabilizarlo de sus actos, pero también darle herramientas de carácter social para reinsertarlo. Además, a través de ellos se abordan los problemas sicológicos y de adicción, si es que los hay, para que puedan integrarse sin problemas a la sociedad.
Los menores con privación de libertad, son llevados al Centro Privativo de Libertad, donde están en tres sistemas distintos: cerrado, de internación provisoria y semicerrado. Al cumplir los 18 años, si aún no han terminado de cumplir su condena, son trasladados a la sección juvenil de la cárcel. Sin embargo, hay un vacío respecto de qué pasa con ellos cuando cumplen la mayoría de edad y aún les queda tiempo de su condena por cumplir.
¿Quién se hace cargo?
Según explicó el jefe de estudios de la Defensoría Regional de Magallanes, Jonathan Ramírez Orellana, ni el Servicio Nacional de Menores (Sename), ni Gendarmería se están haciendo cargo de los adolescentes que cumplen la mayoría de edad. “Hay un vacío respecto de quién, concretamente, tiene que poner los recursos financieros y humanos para que se siga cumpliendo con los planes de intervención. Sename y Gendarmería se están pasando la pelota y nadie se ha hecho cargo de los jóvenes”, acusó.
Además, el abogado de la Defensoría agregó que “los planes de intervención, por ejemplo, como el que tiene Katherine Barría y el chico Artiaga, son planes, en contenido y objetivos, bastante más modestos, porque el Sename se desvinculó de ellos, argumentando que no es su obligación solventar esos planes porque los chicos ya son mayores, y Gendarmería dice que tampoco es su responsabilidad, que su rol es la custodia y que, por lo demás, no tienen fondos para financiar las actividades”, acusó Ramírez.
A su vez, el director del Sename, César Montiel, afirmó que “a partir de los 18 años, es efectivamente Gendarmería quien se debe hacer cargo si están ingresados a las secciones juveniles de la institución. Si no lo están, nosotros nos hacemos responsables de los adolescentes privados de libertad”. Además, agregó que “lo que ocurra con Gendarmería en sus secciones juveniles, es plena y absoluta responsabilidad de ellos”.
En tanto, el jefe técnico de la Sección Juvenil del Complejo Penitencial de Punta Arenas, Pablo Toro Castillo, explicó que “el proceso de reinserción es difícil, pero no nos podemos quedar en eso. Gendarmería está trabajando de manera personalizada e individualizada con cada uno de ellos”.