El fiscal (s) de Porvenir, Daniel Soto, consiguió que el Juzgado de Garantía impusiera la prisión preventiva a Juan Alejandro Rivera Pérez, luego de lesionar gravemente a un joven y ser sorprendido, por Carabineros, manteniendo oculto, entre sus vestimentas y en un domicilio de dicha localidad, alrededor de 80 gramos de heroína.
A partir de esto el fiscal comunicó al detenido el inicio de una investigación en su contra por su participación como autor de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y por lesiones graves.
Los hechos que motivan esta investigación se suscitaron el 2 de julio, en horas de la madrugada, cuando Rivera Pérez agredió violentamente, sin causa ni motivo justificado, a la víctima mientras se encontraban al interior de un domicilio en Porvenir, causándole lesiones de carácter graves, y luego se dio a la fuga del lugar sin prestarle la ayuda.
Una vez que Carabineros recibió la denuncia se abocaron a buscar al agresor hasta que lograron detenerlo, sorprendiéndolo además con diversos contenedores de droga ilícita del género heroína, dosificadas y listas para su distribución a los consumidores finales. Frente al indicio de que fuera heroína el mando policial dispuso el traslado en forma inmediata de personal de la Sección de Control de Drogas OS-7 en el helicóptero institucional. En un primer análisis se concluyó que la sustancia reaccionaba ante la presencia de heroína. Luego, en el inmueble del imputado, incautaron 48 envoltorios de papel cuadriculado con la misma sustancia.
El jefe del OS-7, teniente Néstor Romo, hizo hincapié en que es necesario esperar el resultado del análisis que efectúa el Servicio de Salud para confirmar la veracidad, porcentaje y calidad de la droga, “toda vez que siempre está la posibilidad que la sustancia arroje un falso positivo, es decir, que definitivamente la sustancia no contenga heroína”.
Durante la audiencia y teniendo presentes los antecedentes recabados, el Juzgado de Garantía ordenó la prisión preventiva del imputado por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó, además, un plazo de 45 días para la investigación de los ilícitos.