Gendarmería dio un plazo de 48 horas al Gobierno para que reponga en sus labores a los más de 40 funcionarios a honorarios que fueron expulsados de la institución y a los 27 gendarmes dados de baja debido al paro de actividades.
El anuncio lo realizó el secretario general de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Boris Henríquez, quien atribuyó graves actos sindicales de sus superiores. Incluso afirmó que a las personas que  llevaron a cabo  huelgas de hambre se le negó atención médica y con e-mail acusó los amedrentamientos.
“Esta agrupación no va a negociar de rodillas con el Gobierno; lo haremos con dignidad, lo haremos con la fuerza que nos da la Anef, el Congreso y las declaraciones de Derechos Humanos”, afirmó Henríquez.
Los parlamentarios pactaron que la comisión de Derechos Humanos de la Cámara va a objetar el proyecto de Ley de Modernización Gendarmería.