Tras la controversia generada en el último tiempo con el caso del “Cisarro”,  el menor de diez años que a su corta edad ya posee un  nutrido prontuario policial, con más de 15 delitos a su haber, la autoridad ha resuelto crear un proyecto de ley que elimina al Servicio Nacional de Menores y crea dos nuevos servicios para velar por los infantes.
Hasta el momento, el Sename no ha logrado la rehabilitación óptima de los menores que delinquen, por lo que el ministro de Justicia, Claudio Maldonado, anunció un nuevo proyecto de ley que termina con dicha entidad y que a su vez crea un Servicio Nacional de Derechos de Niños y  Niñas  Adolescentes y un Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente. Esta iniciativa se concretaría al final del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y requeriría un 50% más de personal y
$ 10 mil millones extra de los que ya tiene el Sename. El 2001, un grupo de trabajo planteó la necesidad de dividir el servicio en dos y se propuso la creación de dos leyes: la Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) y la Ley de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. La primera rige desde 2007 y la segunda se tramita en el Congreso desde 2004.
A su vez, el senador José Antonio Gómez reconoció que el Sename “tiene un problema estructural, por lo que hay que transformar esta institución en dos: una que sea de protección y otra que se preocupe de los infractores”.
En tanto, el director regional del Sename, César Montiel, indicó que el organismo necesita imperiosamente de una reestructuración, la que se viene gestando desde 1999, pero para que pueda ser llevada a cabo cabalmente se requiere de infraestructura, una legislación acorde y una fuerte inversión por parte del Estado. El servicio trabaja en torno a temas muy delicados como son los derechos de la infancia, la adopción de menores y la responsabilidad penal adolescente. “Me parece que la encarcelación de menores, no es un tema conversable, por lo que tendremos que trabajar fuertemente en la prevención de los ilícitos. No podemos tener a niños de diez años en las cárceles. La prevención no sólo le compete al Sename, sino que a todas aquellas instituciones públicas y privadas que trabajan con niños.