En la actualidad, las llamadas que uno realiza, las que recibe, su duración y el lugar desde donde son efectuadas es información que está protegida y sólo se puede acceder a ella con una autorización judicial. Pero un proyecto de ley, que se encuentra en su último trámite en el Congreso, la dejaría a disposición de cualquier fiscal del país con sólo pedirla a las compañías telefónicas.
La iniciativa legal, que entrega un mayor número de facultades al Ministerio Público, fue aprobada por una comisión de diputados y senadores, y sólo falta que sea votada en la Cámara Alta. Las empresas telefónicas deberán conservar la información durante un año y, en caso de no entregarla a los fiscales, cometerán el delito de desacato.
El proyecto de ley surgió luego de que algunas compañías de teléfonos celulares se negaban a entregar la información sin tener antes la autorización de un juez.
El fiscal Héctor Barros, de la Fiscalía Sur, indicó que “el sistema penal debe ser ágil. El dinamismo que existe en el tráfico de drogas es altísimo. Lo que están haciendo los traficantes es cambiar teléfonos rápidamente. Hay sujetos que cambian cada dos días teléfonos o una vez a la semana. Antes, obtener esa información podría demorar hasta cinco días”.