
Uno de los temas más controversiales al momento de evaluar la reforma procesal penal es lo relacionado con la seguridad ciudadana.
Para nadie es un misterio que existe en nuestra sociedad una alta sensación de inseguridad y temor frente al delito, que tendría su raíz en una supuesta impunidad del sistema, lo cual se contradice con la alta tasa de presos por cantidad de habitantes que tiene Chile, siendo ésta una de las más elevadas a nivel latinoamericano.
Para analizar éste y otros temas desde una perspectiva socio jurídica, participó en el II Simposio de Justicia Penal, denominado “Encuentro de Las Ciencias Sociales aplicadas en la Justicia Penal”, el sociólogo de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública Nacional, Luis Vial Recabarren.
El evento, realizado en Punta Arenas por el Tribunal Oral en lo Penal, con la colaboración de la Fiscalía Regional, Defensoría Regional, Sename y el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, reunió a los principales actores y organismos auxiliares del sistema de enjuiciamiento criminal en Magallanes.
Prisión preventiva v/s mito de puerta giratoria
Vial explicó que uno los objetivos, de la reforma procesal penal, fue reducir el porcentaje de personas encarceladas esperando una sentencia definitiva. Esto se logró parcialmente, pues la proporción de imputados en relación a condenados disminuyó de un 41% el año 2000 a un 21% el año 2009. Sin embargo, puntualizó, la tasa de condenados se disparó, ya que durante los nueve años de vigencia de la reforma, la población condenada pasó de 17.000 el año 2000 a 42.000 el año 2009; es decir más del doble.
Por lo anterior, a juicio del profesional “es difícil pensar que existe la puerta giratoria, bajo esas circunstancias, y hace dudar de la efectividad del esquema actual de control del delito, en un contexto en que la victimización no parece ni aumentar ni disminuir, pero sí parece, aumentar la percepción de inseguridad y la cantidad de personas en las cárceles”, aclaró.