Luego de la polémica que suscitó la designación de la empresa Servitrans Servicios y Comercio S.A. por parte del Concejo Municipal como la responsable de retirar los residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Punta Arenas, y de la firma del contrato efectuada la semana pasada, pareciera que finalmente todos los alegatos se los llevó el viento.
Sin embargo, durante estos últimos días se han descubierto nuevas irregularidades en la causa, y no sólo eso, sino que también se han desempolvado importantes hechos en que se vio involucrada una antigua empresa de Eugenio González, el actual gerente de la firma, a la que se le concedió el retiro de la basura en la ciudad.
Hace un par de semanas, Diario El Pingüino informó que en las bases de licitación se incluyeron unas fórmulas con el objetivo de, supuestamente, evaluar la mejor oferta, donde el resultado arrojó que Servitrans obtuvo el quinto lugar con 68.896 puntos. Áreas Verdes S.A. fue la que obtuvo mejor evaluación, alcanzando 99.387 puntos.
No obstante, este sistema de calificación no fue considerado por las autoridades municipales, aunque tampoco es seguro que la hayan conocido antes de la votación porque “se subió a internet un día después de la sesión del concejo”, afirmó el administrador de la empresa Áreas Verdes S.A., Carlos Estrada.
Comisión
Sumado a esto, dentro de los informes realizados por las comisiones técnicas de la municipalidad se encontró una diferencia notable en su forma de proceder. En el llamado anterior, y luego del estudio de las propuestas, los especialistas le  recomendaron una empresa al alcalde de la comuna, Vladimiro Mimica, pero en esta última no se le dio ningún nombre, a pesar de los resultados obtenidos en la evaluación de las bases.
“En mérito de los antecedentes analizados y a los puntajes obtenidos en la ponderación final, los integrantes de la comisión técnica recomiendan al sr. alcalde de la comuna, que se proponga al Consejo Municipal la adjudicación de la “Concesión del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Punta Arenas” a la empresa Soc. Com. Mansilla y Ascencio Ltda., por un valor mensual de $ 76.653.088 IVA incluido, y por el valor mensual de kilómetro adicional señalado en su anexo Nº 1, pues su oferta cumple con los requerimientos técnicos exigidos en las bases administrativas, especificaciones técnicas y aclaraciones de la presente  licitación”, consigna el documento.
En esta última oportunidad, la comisión dejó bajo la responsabilidad del edil la propuesta final, puesto que no recomendó ninguna compañía, a pesar de que debió realizar el estudio de las ofertas.
“En mérito de los antecedentes analizados y a los puntajes obtenidos, los integrantes de la comisión técnica remiten el resultado de la evaluación, con el puntaje alcanzado por cada oferente, de acuerdo a la pauta de evaluación establecida en la bases administrativas del presente proceso, debiendo el sr. alcalde ponderar la totalidad de los antecedentes, para someter  al acuerdo del concejo la adjudicación de la concesión”, dice el documento esta vez.
Tampoco hay una evaluación de los servicios extras propuestos por Servitrans “no hay constancia escrita ni evaluación pública realizada por funcionarios municipales ni publicación alguna en el portal ChileCompra de la cantidad, ni calidad ni duración de ninguno de los servicios extras ofrecidos. Estos servicios no están descritos en ningún  documento oficial, ni acta de adjudicación”, manifestó Estrada.
Pauta y dudas
En la pauta de evaluación de las bases se incluyeron tres ítems con ponderaciones máximas para evaluar los proyectos. Estos eran: Precio del Servicio, Precio kilómetro Adicional y Remuneraciones, en ningún lugar se informó o mencionó un puntaje para ofrecimientos extras, que fue el argumento entregado por el alcalde Mimica para entregarle la licitación a Servitrans.
De hecho, en estos procesos se estableció un período de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, donde los concursantes tienen un plazo establecido para solucionar dudas. Las respuestas entregadas pasan a ser parte del  reglamento; es decir, de las bases.
En este último proceso se registraron cuestionamientos, tal como lo permite el artículo 12 de las bases administrativas: En la pregunta número uno se lee “¿Para la I. Municipalidad de Punta Arenas, es importante la calidad de la oferta técnica que presentan los oferentes o sólo le importa el precio ofertado? Respuesta: “Atenerse a la pauta de evaluación”.
En la pregunta  número 65 se lee: “¿Será obligación ofertar sistema GPS en todos los camiones y camionetas que exigen el contrato?”. Respuesta: “No”.
En tanto, la pregunta número 87 dice: “Para el control de la programación de rutas ¿se exigirá GPS en cada unidad?”. Respuesta: “No”.
En la pregunta número 155 se lee, en Especificaciones Técnicas, puntos 6.5., sobre medios de comunicación: “Se propone que aparte de los sistemas ya mencionados, se solicite a los oferentes que deban  considerar la instalación  de sistemas GPS en todos  los camiones,  lo cual permitirá un control  permanente a la inspección técnica y a la empresa  sobre  la ubicación, el estado de avance de los servicios, detenciones, etc., en tiempo real, siendo una herramienta de suma utilidad cuando se trabaja en comunas cuyo territorio es tan amplio, permitiendo optimizar de esta forma las labores de supervisión e inspección en terreno”. Respuesta: “Atenerse a lo señalado en las Bases”.
A pesar de todas las respuestas negativas, que son sólo respecto de la inclusión de GPS, uno de los argumentos para entregarle el concurso a Eugenio González fue que ofrecía este sistema de control en los camiones recolectores.
Estrada estima ante todos estos datos que, “estoy totalmente convencido que el proceso fue irregular y que lo que corresponde, además de revertir la licitación, es que el alcalde sea sancionado penalmente”, enfatizó.
El gerente
Uno de los puestos de la plana mayor de Servitrans lo ocupa Eugenio González, un conocido de la región porque en años anteriores ya ha realizado trabajos de retiro de basura. De hecho, tiene una larga trayectoria en el rubro y no sólo en Magallanes.
En 1993 su empresa se vio involucrada en un intento de soborno, puesto que el ex ministro de Transportes, Patricio Tombolini, le habría ofrecido dinero al alcalde de Rancagua de la época, Esteban Valenzuela, para que le adjudicara la licitación de retiro de la basura a la empresa Starco en vez de Coinca, según lo consigna diario El Mercurio con fecha 2 de octubre de 2002.
González era el gerente de la empresa a la que se pretendía favorecer con la coima.
Unos años después, en 1996, ocurrió un hecho similar, “y ya aprendida la lección, Valenzuela recibió con Investigaciones y la prensa a Erick Cifuentes, quien iba a pagarle el primer giro de 30 millones de pesos que le ofreció a cambio de que KDM ganara la licitación por un relleno sanitario. Cifuentes fue detenido y condenado por cohecho”, agrega la publicación del medio nacional.
En ese tiempo, KDM y Starco pertenecían al mismo grupo de empresas que se dedicaban a la recolección de basura.
Conocidos estos datos, no cabe duda que los perjudicados con la decisión planificarán detalladamente los pasos que deben seguir. Ya se habla de llegar al Tribunal de la Libre Competencia, como primera medida.