
Cuando la seremi de Agricultura, Elizabeth Muñoz, debía dejar a una persona subrogándola, hasta el año 2007 cumplía esa función el ex director del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Carlos Rowland.
Sin embargo, el problema judicial que tuvo con el empresario Alfonso Campos originó que la máxima autoridad regional en la materia, decidiera cambiar a su reemplazante para no generar comentarios respecto del complicado escenario que atravesaba el ex ejecutivo.
“Fue una medida conversada y que pensamos iba a ser más pertinente por la situación en que estaba Carlos Rowland”, afirmó la seremi. A pesar de ello, cuando se conoció el resultado del juicio, éste no volvió a subrogar a Muñoz.
Lo cierto es que fuentes al interior del SAG, afirman que el, en ese entonces director, evitaba asistir a actos en que tuviera que compartir con la autoridad, ya que sus relaciones eran derechamente, malas.
Este fue un hecho más que ensució el desempeño de Rowland durante los últimos años de su gestión, la cual según Muñoz “fue evaluada junto con otros cinco casos a nivel nacional. Donde tres fueron mantenidos en sus puestos por el director nacional, Víctor Venegas y a los otros dos restantes, no les respaldó su continuidad. Igualmente se le reconocieron los logros y se le agradeció por lo realizado”.
El director nacional (s), Pablo Wilson, afirmó desde Santiago que Venegas es partidario de que los cargos de alta responsabilidad no sean ocupados por períodos muy extensos, por lo que prefirió dejar a un interino hasta que se llame nuevamente a concurso público.
Rowland se habría enterado tres meses antes de que no iba a continuar a la cabeza del SAG. En octubre se le informó al personal de la institución.
Ese período del año es especialmente tenso en las oficinas del organismo, puesto que se efectúan evaluaciones al desempeño de los funcionarios. De hecho, un caso que ha llamado la atención entre los trabajadores es que, a pesar de que una funcionaria obtiene un bajo porcentaje de rendimiento, sigue siendo parte de la planta. Hecho que también debieron haber investigado las dos personas que viajaron desde la sede nacional del SAG para conocer la situación de las licencias médicas y otros temas.