En los próximos días debiera conocerse el fallo, por el recurso de protección que el doctor Claudio Urrea Robin, interpuso en contra del Centro de Diagnóstico de la Clínica Magallanes, representada por su gerente Mabel Cárdenas.
El facultativo considera arbitraria, la forma en que le pusieron término al contrato de prestación de servicios profesionales, a contar del 1º de febrero de 2010, “por cuanto no se ha hecho manifestación alguna del incumplimiento de mis obligaciones convenidas”. Urrea argumenta que incumplieron la cláusula del envío de la comunicación en la forma indicada en la cláusula tercera del contrato de trabajo.
En la respuesta que la empresa envió a la Corte de Apelaciones, desmienten esto último, confirmando el envío de la comunicación, documentación que fue certificada por un notario.
El recurrente habla de incumplimiento porque no le llegó la notificación con 30 días de anticipación, mediante carta certificada despachada a través de notario público, que establece el contrato. Indica que, en su caso, “el 12 de enero una funcionaria administrativa en un pasillo de la Clínica Magallanes me hace entrega de una carta como correspondencia recibida en el lugar, y grande fue mi sorpresa al leer dicha correspondencia en que se me informa “del término de prestación de servicios profesionales”.
En el recurso el profesional médico pidió acoger una orden de no innovar y que se suspenda el efecto de la comunicación del despido, pero esto no se acogió.