
Por eso, la comunidad educativa decidió reunirse hoy en la Escuela España de la comuna para plantear los hechos y conocer los posibles resultados de todo el proceso legal que se está llevando adelante.
En el lugar son más de 2.500 los alumnos en vulnerabilidad socioeconómica que utilizan este transporte gratuito para llegar a sus escuelas, sin embargo, la querella que presentó Aduanas por un presunto fraude y contrabando en la internación de los vehículos desde Estados Unidos, había motivado al juez de garantía, Patricio Rondini, dejarlos bajo la cautela de los administradores municipales de cada una de las comunas que los posee, obligando a sacarlos de circulación.
Según lo consignó ayer el diario El Llanquihue, el abogado representante de los afectados, Braulio Sanhueza, manifestó que “indudablemente que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, satisface el requerimiento de los recurrentes, esto es los apoderados y de los alumnos que utilizaban el servicio de transporte escolar”.
En tanto, el Ministerio Público fijó para el 22 de julio la formalización del alcalde Rabindranath Quinteros, del encargado de Transportes del municipio, Dante Sigoña y del asesor jurídico, Rodolfo Lazo, lo que ha causado polémica en la comuna, enfrentándose aliados y detractores del edil.