
La autoridad ha estado en la palestra por algunas de sus declaraciones sobre el uso que le dan algunas madres al servicio de Junji y porque confirmó, luego de solicitar una auditoría a la entidad, un grave déficit económico originado por la contratación en diciembre del año pasado de 1.980 personas que estaban a honorarios. Caso que está siendo investigado por la Contraloría Nacional.
Ossandón manifestó que en todo el país se está evaluando la labor de los empleados y la verdadera necesidad de su participación en el organismo, estudios que también incluye a la dirección regional de Magallanes.
“Tenemos que analizar a nivel local si corresponde el aumento de dotación versus el alza de cobertura (…) Se realizará un levantamiento de las labores que realiza cada persona para ver si efectivamente lo que ellos hacen, es lo que se debe hacer (…)”, afirmó la vicepresidenta.
De los 1.980 cargos que se aumentaron en dotación, sólo 800 fueron a jardines infantiles, todo el resto es gente que se está desempeñando como administrativo, algo que Ossandón quiere revertir, puesto que la entidad sufrió un recorte presupuestario y porque a su juicio, “va en contra de lo que es la calidad, porque ésta debe mejorarse en las unidades educativas, no quiero seguir abultando las direcciones, porque el que hace la pega es el que está aquí, en las salas”, agregó la ejecutiva.
A su vez, enfatizó que su desafío es mejorar la calidad del servicio que ofrece Junji, y que “cada niño que ingrese, sea atendido como merece ser atendido”, para lo cual se esperan realizar capacitaciones donde los funcionarios puedan participar presencialmente.
La vicepresidenta Ossandón, asumió su cargo hace dos meses y sólo en cuatro regiones se han confirmado los directores regionales. En Magallanes la encargada del organismo es Esterlina Fuentealba, quien se está desempeñando como directora subrogante.