Una investigación periodística publicada ayer en el portal web de Radio Bío Bío, media partner de Pingüino Multimedia, reveló que “el Ministerio Público Oriente ofició a la Contraloría para acceder a un reciente informe de auditoría, en donde se estableció el pago de una asesoría de 18 millones de pesos al lobbista Eduardo Loyola -ligado al PS- para que mediara la negociación colectiva de ENAP en 2015”.

La noticia añade una historia más a la lista de bochornosos episodios conocidos en el último tiempo y que involucran a militantes socialistas, cuyas cimas han sido el abultado padrón en la comuna de San Ramón, que está siendo auditado para descartar irregularidades y nexos con grupos narcos del sector sur de Santiago, y la relación -no del todo aclarada aún- entre el senador Juan Pablo Letelier y tres jueces de Rancagua, respecto de los cuales el Poder Judicial abrió un cuaderno de remoción.       

En el reportaje se afirma que Loyola fue contratado en mayo de 2015 por Pablo Velozo, militante de la misma colectividad, quien a los pocos días renunció para asumir como secretario general del partido. “Quien lo reemplazó y pagó los honorarios de Loyola fue Javier Fuenzalida, también vinculado a la tienda. Este último, de acuerdo al finiquito debía emitir el pago previa entrega de un informe de labores por parte de Loyola, lo que nunca ocurrió. Si bien la fiscalía aún no ha caratulado esta nueva arista, fuentes de la entidad indicaron que, eventualmente, podría configurarse un fraude al fisco”, se explica en la nota.

Según se explicita, algunas fuentes consultadas por Radio Bío Bío “confidenciaron que el Ministerio Público ofició al organismo de control, para obtener una copia del informe de auditoría 622 del pasado 7 de junio, en donde ordenó un sumario, luego de acreditar un pago de 18 millones de pesos al abogado Eduardo Loyola -ligado al PS-, quien habría actuado como mediador entre la empresa y los trabajadores, para la negociación colectiva de 2015” (…) “En la auditoría la entidad revisora acreditó la inexistencia del informe por escrito que Loyola debía entregar a la empresa para obtener la cancelación de los honorarios”.

El acuerdo entre el abogado Loyola y el entonces gerente de Recursos Humanos de la empresa estatal contemplaba el pago de 30 millones de pesos inicialmente, servicios que se extenderían desde el 5 de junio de 2015 hasta octubre de ese año.
A poco andar, Velozo renunció a su cargo en la empresa y fue reemplazado por Javier Fuenzalida, “quien finiquitó el contrato de Loyola el 4 de agosto, atendido a que la negociación colectiva terminó antes de lo previsto. Por esta razón, Loyola, un reconocido lobbista, recibió solo 18 millones de pesos”.

Respecto de la cancelación de honorarios, según Radio Bío Bío, “el documento establecía claramente que el pago solo se efectuaría contra la recepción y aprobación por parte de la gerencia de Recursos Humanos del informe profesional, que dé cuenta de las actividades de asesorías realizadas en el período de vigencia del contrato”.

Pues bien -concluye Radio Bío Bío- “cuando el organismo fiscalizador requirió la documentación, la actual administración de la ENAP respondió que este no existía”.