El miércoles, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a María Pilar Vera Vargas a cinco años de libertad vigilada intensiva por ultimar a su ex cónyuge. La mujer –que fue víctima de violencia intrafamiliar crónica durante su vida marital– fue hallada culpable de parricidio.

La defensora regional de Magallanes, Gustava Aguilar, abogó por ella ante el tribunal. En conversación con el noticiero central de Pingüino Multimedia valoró que fuese sentenciada a una pena en libertad, pero lamentó que no fuese absuelta por la violencia que sufrió a manos de su exmarido.

“La situación de Pilar es muy delicada. Nosotros hemos representado a mujeres que han matado a sus parejas o exparejas, pero lo cierto es que en este caso se daban los presupuestos que el legislador ha concebido y que precisamente fueron incorporadas en la Ley de Femicidio para buscar una salida para aquellas personas que causan un daño de este modo”, dijo.

La fiscalía solicitaba 15 años de cárcel para Vera Vargas. Sin embargo, los jueces rebajaron la pena a cinco años y sustituyeron el tiempo en prisión por la libertad vigilada. La abogada Aguilar explica que los jueces reconocieron atenuantes a su favor.

“El TOP estimó que no concurrían todos los requisitos para la causal de justificación, pero sí acogió una atenuante: la colaboración sustancial y una eximente incompleta, que dice relación con aquella persona que por cualquier razón independiente de su voluntad se encuentre privada de razón. Si bien consideraron que no concurrían como eximente, sí concurría como atenuante”.

–¿Van a recurrir a la Corte?

“Tenemos que analizar la sentencia y conversar con Pilar. Lo más importante es lo que ella resuelva y le expliquemos con calma cuál es el escenario y la posibilidad de recurrir, ya sea para solicitar la nulidad del juicio o para solicitar una sentencia de reemplazo. Fue muy difícil para ella enfrentar el juicio”.

–¿Cómo tomó ella la decisión de cumplir la sentencia en libertad?

“Ella estaba tranquila. Nosotros le explicamos cuáles eran todos los escenarios posibles como resultado del juicio. Si nosotros no hubiésemos tenido todo el apoyo de los profesionales (del Hospital Clínico de Magallanes) muy probablemente Pilar no hubiese podido enfrentar el juicio, sentarse ante los magistrados, contar su versión y poder recibir la sentencia”.

Huelga en la cárcel

En las últimas dos semanas, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas ha autorizado el traslado de cinco reos a otras cárceles del país y dos de ellos son representados por la Defensoría Penal Pública. Son parte del módulo C, que estuvo en huelga de hambre contra sus procesos judiciales y Gendarmería los sindica como instigadores de los desórdenes durante la protesta.

“Aquí se conjugan muchas cosas. En primer lugar, ha aumentado el número de internos y el número de imputados ha crecido. En un módulo donde había 30 personas llegó a 58. Antes había un módulo de imputados y ahora hay tres”, explica.

La abogada también señala que la crisis sanitaria ha afectado la rutina de los reos. “Esta situación de pandemia ha provocado que los procesos sean más lentos. Las personas no tenían contacto con sus familiares, solo telefónico. Ya hace un mes se han reestablecido las visitas y los internos están recibiendo las visitas de sus familiares”, dice.