Creado en 1976, el antiguo retén de Río Pescado, hoy Kon Aiken, sirvió de eficaz guardián de Punta Arenas por casi 40 años, al mantener la vigilancia policial sobre todos los vehículos que ingresaban y salían por esta, la única puerta de entrada a la capital regional más austral de Chile.

Y sin embargo, de modo insólito, el 8 de octubre de 2013, aquella unidad policial dejó de funcionar.

¿Por qué?

Según informaron las autoridades de entonces, el crecimiento poblacional de Río Seco hacía necesaria una mayor dotación en ese sector y trasladar allí los recursos policiales disponibles. Total, en Kon Aiken no vivía nadie y en Río Seco la comunidad demandaba ver más carabineros en las calles, protegiendo sus bienes y sus familias. Sabe Dios las reuniones, cartas y presiones que debieron enfrentar las autoridades de la época, para tomar una decisión tan drástica… y equivocada.

En una exposición ante el Consejo Regional, el general Claudio Valencia, jefe de la XII Zona de Carabineros, dijo claramente esta semana que el cierre se debió “a causas ajenas a la institución” y ninguno de los consejeros presentes lo contradijo, quizá porque estaban conscientes de su veracidad.

El asunto es que desde entonces y muy rápidamente, el retén cayó en el abandono, al punto que hoy sus instalaciones, carentes de servicios higiénicos y suministro de agua potable, están totalmente inhabitables.

Y sin embargo, pocas veces, una decisión de política pública en un área tan relevante como la seguridad de la población había sido tan equivocada, grave y absurda. Porque la importancia estratégica de aquel lugar como puesto de control es tan enorme como evidente y así lo reconoció el propio general Valencia en la reunión del pasado lunes con el Consejo Regional. “Llevo poco tiempo acá, pero me pude percatar que no hay un lugar de control en la carretera y es fundamental contar con él, porque de esa forma, teniendo un equipo de trabajo las 24 horas del día en alianza con otras instituciones como la PDI o Vialidad, podríamos generar un exhaustivo control de los vehículos que ingresen”, planteó.

Nada más lejos empero de la realidad actual, pues como reconoció el alto oficial, “hoy no se puede realizar un control exhaustivo de los camiones que entran o salen de Punta Arenas, sencillamente no se puede”.

Falta infraestructura, pero también, falta el equipo tecnológico para llevar a cabo esos controles y el personal necesario para esa tarea.

Como consecuencia, la falta de aquel histórico puesto de control se ha hecho sentir en toda la comunidad magallánica, con dramáticos resultados en términos de tráfico de drogas y abigeato. Nunca antes como ahora se ha decomisado en Punta Arenas cantidades de droga tan altas como las que hoy se encuentran en allanamientos cada vez más frecuentes y espectaculares. Como explicó el general Valencia, la mayor cantidad de droga que ingresa a un territorio, lo hace por tierra, oculta incluso en lugares tan insólitos como los neumáticos de los camiones.

Nunca antes tampoco, la magnitud del delito de abigeato en Última Esperanza había alcanzado semejante magnitud, al punto que los ganaderos de esa provincia crearon, por su cuenta esta semana, una mesa de trabajo para que se sumen las autoridades involucradas pues consideran ya insostenible esa situación.

Y sin embargo, falta tanto para resolver un problema que parece tan obvio.

El general Valencia explicó a los consejeros regionales, con total franqueza, que el proyecto para la construcción de una Tenencia de Carreteras en aquel sector fue incluido por Carabineros, en un listado de iniciativas institucionales a ser financiadas por el Ministerio de Obras Públicas. La idea es que sea posible iniciar sus estudios de diseño en 2022... en teoría.

Porque lamentablemente, como el propio Valencia reconoció, el proyecto Kon Aiken no está priorizado por Carabineros porque antes se debe costear, con fondos sectoriales, proyectos que han estado paralizados hasta ocho años por falta de voluntad política y que ahora pugnan por acceder a estos recursos. Esos proyectos son la ampliación de los cuarteles de las comisarías de Punta Arenas y Puerto Natales y la reparación de los retenes fronterizos de Yendegaia y Pampa Guanaco, lugar este último donde el personal policial debe realizar su labor en condiciones de infraestructura casi inhabitables, dijo Valencia.

Y es que para Carabineros, por muy relevante que sea mejorar los servicios policiales en Kon Aiken, es urgente que la propia dotación del personal uniformado cuente con un lugar adecuado para su actuación, tanto en las principales ciudades de la región, como en la frontera.

Lo más lamentable de todo, es que el error cometido en 2013 no ha podido ser revertido desde entonces, por las autoridades regionales y ministeriales, sino más bien todo lo contrario.

Se puede entender que las decisiones políticas, a pesar de estudios y todo tipo de discusiones, puedan finalmente resultar equivocadas.

Lo que no es perdonable es que no haya existido voluntad de diálogo entre las autoridades nacionales y regionales, para ponerse de acuerdo en todos estos años a fin de resolver algo que es tan evidente.

“El gobernador Flies, en su calidad de exintendente, conoce bien todas las vueltas y revueltas que han tenido los proyectos de Carabineros en todos estos años”, comentó durante la reunión, el presidente de la Comisión de Infraestructura del CORE, Miguel Sierpe.

Y es que el encuentro realizado el pasado lunes en el salón Nelda Panicucci del edificio del Gobierno Regional, buscaba restablecer una suerte de abismo creado entre ambas instituciones, Carabineros y el Consejo Regional, y que ha tenido graves consecuencias para toda la comunidad.

De hecho, la última reunión que celebraron ambos estamentos ocurrió en noviembre de 2019, en pleno estallido social. Entonces, arreciaba la violencia en las calles de la región y el Consejo Regional no dudó en rechazar un proyecto de financiamiento que buscaba, simplemente, apoyar la compra de repuestos para los vehículos de Carabineros, expuestos a un enorme desgaste producto del Estallido Social.

Para Carabineros, este distanciamiento ha significado la falta de financiamiento de importantes proyectos destinados a ofrecer mínimas condiciones de habitabilidad a su personal y de seguridad a la población. Para el Consejo Regional, un ejercicio frustrante de no poder llegar a nada durante años, en gran medida, debido a las ataduras de la falta de atribuciones que ha lastrado su accionar durante años, algo que empieza a corregirse con el nuevo proceso de regionalización.

Para la comunidad, y esto es lo más condenable, todo ello ha significado una merma inmensa en la calidad de los servicios de vigilancia, facilitando no sólo delitos de abigeato en gran parte de la región, sino que también el aumento en el tránsito de drogas que llega a Punta Arenas.

Por ahora, al menos, ambas partes aceptaron reanudar cuanto antes el diálogo sobre este y otros proyectos. Mientras tanto, más práctico, el alcalde Claudio Radonich espera concretar un proyecto mucho más modesto pero tal vez más efectivo que tantas discusiones. Por un valor de tan solo 70 millones de pesos, el abandonado puesto de control volverá a estar operativo, al menos con baño y cocina.

Mientras este proyecto se tramita y ejecuta (tiempo de construcción 120 días), Carabineros se comprometió a mantener operativo lo que queda de ese retén, sea como sea y a pesar de todas las dificultades. Es un inicio, pero es esperanzador.