El 6 de julio del año pasado se conoció una resolución sancionatoria en contra de Nova Austral, consistente en una multa de 1.300 Unidades Tributarias Anuales (963 millones de pesos al valor a enero de 2023), aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por alteración de fondo marino en el centro de cultivo Aracena 14, en la Región de Magallanes. De forma paralela, se conoció la decisión de la SMA de revocar los permisos ambientales de otros tres centros de la misma empresa (Cockburn 14, Cockburn 23 y Aracena 10) por sobreproducción.

En el caso de Aracena 14 se sancionó la conducta de alteración artificial, entre marzo y junio de 2019, de la columna de agua y fondo marino incluyendo la introducción de toneladas de arena, sin autorización y con el objetivo de ocultar las condiciones anaeróbicas del lecho marino.

Este es un tema que actualmente tiene su proceso judicial en el Tercer Tribunal Ambiental, con Greenpeace y comunidades kawésqar explicando que la sanción debiera ser otra.

En el texto presentado se indica que la infracción imputada a Nova Austral por la Superintendencia de Medio Ambiente fue “el incumplimiento de la condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental”. Sin embargo, la reclamación asegura que el hecho debió ser tipificado “como un proyecto de recuperación de suelo, realizado al interior de un área de protección oficial, que debió haber ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, obteniendo su Resolución de Calificación Ambiental previa”.

Por lo anterior, se argumenta que el daño ambiental no fue suficientemente considerado por la SMA y pidieron reemplazar la multa por la sanción más drástica, es decir, la revocación del permiso ambiental de Aracena 14 o la clausura de ese centro.

Contraparte

Por su parte, Nova Austral también busca anular la sanción, pero desde el punto de vista de sus intereses. Para ellos, la multa resultó excesiva. El abogado representante, pidió dejar sin efecto la multa y tramitar de nuevo el procedimiento sancionatorio porque en el primero, según afirmó, la empresa no se pudo defender de manera adecuada.

En esta causa, Nova Austral también afirma que la SMA no consideró de forma adecuada la compleja situación económica por la que atraviesa la empresa salmonicultora al momento de determinar una sanción económica tan onerosa.

En la audiencia también alegó el representante de la SMA para defender el procedimiento que determinó la multa y argumentar que no era procedente la revocación del permiso ambiental.

Tras escuchar a todas las partes, los jueces están en condiciones de analizar el caso en profundidad y dictar una sentencia.

Según consignó salmonexpert, para el martes 24 de enero se programó otra audiencia en el mismo tribunal en la que Nova Austral intentará que los jueces revoquen la decisión de la SMA que revocó el permiso ambiental del centro Cockburn 23, y el martes 31 se alegará lo mismo para el caso de Aracena 10.