Estas iniciativas buscan que la Contraloría General de la República pueda fiscalizar a corporaciones y asociaciones municipales, y del mismo modo que estas organizaciones se rijan por la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, Compras Públicas y Estatuto Administrativo. Estas modificaciones a la actual legislación, a juicio de los parlamentarios, significará un avance en materia de probidad en el Estado.

Uno de los autores de estas iniciativas es el diputado Christian Matheson.“Estos tres proyectos que se están presentando lo que pretenden es transparentar el gasto de algunos organismos públicos, en el fondo elevar los niveles de transparencia porque es una caja negra y nadie sabe en qué se ocupan los recursos, por otra parte, porque se han transformado en un banco de empleos de los distintos gobiernos comunales”.

Además, el parlamentario magallánico explicó que “queremos terminar con esta situación que tiene a las corporaciones municipales prácticamente en la quiebra, todos se quejan de los déficits, pero nadie le pone el cascabel al gato, así que estos proyectos pretenden finalizar con estos gastos inoficiosos con fondos públicos”, explicó Matheson.

También anunció que presentará, próximamente, un nuevo proyecto de ley, pero ahora orientado a mayor probidad en empresas del Estado.

Finalmente, Matheson dijo que “empresas públicas que hoy sólo están obligadas a transparentar los ingresos de sus altos directivos y de los ejecutivos, pero no así de la planta compuesta por empleados. Queremos que también la comunidad pueda enterarse en qué se gastan estos recursos y quiénes están contratados, para de esta forma, evitar contrataciones fantasmas de trabajadores que no terminan desempeñando el cargo para lo que fueron contratados”.